Tengas pleitos y los ganes

No sale rentable para el interés público denunciar supuestos indicios de corrupción en las Administraciones. En caso de que la pasta no la levanten los políticos se la llevan sus abogados. El Ayuntamiento de Murcia deberá abonar los 75.000 euros de minuta de la defensa judicial del exalcalde Miguel Ángel Cámara (1995 / 2015), imputado en su día en diversos casos (Umbra, Nueva Condomina) y finalmente absuelto. Ocurrió lo mismo en Cartagena con Pilar Barreiro, quien una vez archivadas las denuncias contra ella, el Ayuntamiento debió hacerse cargo a regañadientes, como ahora en Murcia, de los costes de su defensa, a los que se suman las costas por el pleito para intentar infructuosamente el Consistorio no pagar aquéllos.

Se desprende de la resolución del TSJ en relación al exalcalde murciano que su derecho a una defensa abonada con recursos públicos se justifica en que los casos que le afectaron fueron archivados. Otra cosa, suponemos, es que hubiera sido condenado. No quiero pensar en lo que, por esta regla de tres, costaría a las arcas andaluzas la amnistía virtual que el Tribunal Constitucional está dictando a favor de los políticos socialistas implicados en el caso de los Eres. Tal vez Puigdemont, a la vista de que sus delitos se han esfumado (todos, menos uno, al menos hasta que no intervenga el Constitucional) podría acogerse a esa doctrina y, además de salirle políticamente gratis la malversación, también le caiga de balde su defensa jurídica, que en consecuencia debería apoquinar el Estado.

Opinión La Feliz GobernaciónÁngel Montiel

'Valcárcel, PAS y los Eres', por Ángel Montiel

Tenemos a la vista el caso que llevará al banquillo al expresidente Ramón Luis Valcárcel por la cuestión de la desaladora de Escombreras. Si los tribunales acabaran resolviendo que no hubo delito en sus actuaciones ¿quién debiera pagar a los costosos abogados penalistas que se encargan de su defensa? No tendría lógica que lo que es norma para Cámara no lo fuera para Valcárcel, de modo que la Comunidad autónoma que éste presidió estaría obligada, legal o moralmente, a sufragar esas nóminas.

Esto significa que la denuncia de supuestas irregularidades políticas siempre nos sale cara, cuando las hay porque las hay, y también cuando judicialmente no las hay.

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