'Valcárcel, PAS y los Eres', por Ángel Montiel

Ninguno de los expresidentes de la Comunidad con causas o recursos judiciales pendientes (Ramón Luis Valcárcel y Pedro Antonio Sánchez, PAS) está acusado de haber malversado fondos públicos en su propio beneficio personal en el sentido de que el dinero fuera destinado a sus propios bolsillos. Otra cosa sería que se entendieran por beneficio personal aquellas presuntas irregularidades encaminadas a fortalecer sus respectivas posiciones políticas o electorales. De como se contemple una u otra perspectiva podrá concluirse si los expresidentes han cometido delito de malversación.

Ese es el debate, si es que hubiera debate. El Tribunal Constitucional ha relevado a la exconsejera de la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez de la pena que el Supremo sancionó contra ella por el caso de los Eres, y a nadie se le oculta que es el principio de otras resoluciones que exonerarán a los expresidentes Chaves y Griñán, así como a otros dirigentes andaluces del PSOE condenados en aquella causa. El Constitucional se arroga así el papel de tribunal de última instancia que corresponde al Supremo y emite sentencias que políticamente pueden leerse como una amnistía encubierta.

La ley está dictada para favorecer a personas muy concretas, pero sus beneficiarios pueden ser muchos más

Maleni, la pionera

En el trasfondo se percibe el argumentario de la reforma ad hoc del Código Penal aprobada por el PSOE para facilitar la amnistía a los miembros del Gobierno catalán que organizaron el referéndum de independencia y finalmente la proclamaron, para lo cual usaron recursos presupuestarios públicos. Una reforma que se produjo después de las sentencias de los Eres, pero que ha acabado calando en las resoluciones del Constitucional sobre los recursos de los condenados por el caso andaluz.  

La teoría del Gobierno Sánchez trasladada al texto de la ley es que la malversación desaparece en la práctica si quien la ejerce o la consiente no se enriquece personalmente. En román paladino, que los políticos pueden robar siempre que no sea para incrementar su patrimonio. Más matizado, que pueden distraer irregularmente recursos para fines distintos a los presupuestados, aunque sea para su propio interés político. Por tanto, si Maleni Álvarez no se embolsó un euro a pesar de firmar concesiones presupuestarias que derivaron en un uso irregular, nada se le puede reprochar, salvo desde el punto de vista político, condena ésta que evidentemente ya pagó a pesar de su condición de presunta durante su ejercicio de ministra en el Gobierno de Zapatero y el chupetín europeo con que fue recompensada después. Si el Constitucional razona así en relación a Maleni, cabe sospechar que con más motivo abocará a la misma conclusión en lo referido a Chaves y Griñán, que como presidentes que eran permanecían más alejados del compromiso de la firma y de las decisiones directas. 

Feijóo debería agradecer por lo bajinis que Sánchez haya hecho el trabajo sucio mientras él se ponía estupendo

Fuera tiquismiquis

Que la operación amnistía para los Eres está en marcha la anunció implícitamente el propio Pedro Sánchez en un mitin de las europeas celebrado en Málaga cuando puso como ejemplo de mártir de la máquina del fango a Maleni, unos quince días antes de que el Constitucional la restituyera en su santidad. Pero en paralelo a estas maniobras políticojudiciales, tan a la vista, los fiscales del Supremo y algún juez instructor coincidían, en relación a Cataluña, en que la malversación de dinero público es punible también cuando el político correspondiente, sin necesidad de llevarse el dinero a casa, lo utiliza para fines políticos de los que asimismo obtiene beneficio, no económico para sí, sino para el interés de su propia carrera o para el electoral de su grupo.

Alguien que temiera verse enfrentado a una posible sentencia grave se acogería a un pacto. No es el caso de Valcárcel

Con esta versión, Puigdemont, Junqueras y compañía no serían amnistiables, pues la malversación no es un delito perdonable en la doctrina del Derecho europeo. Pero para evitar tiquismiquis, ahí está el Fiscal General del Estado imponiendo su jerarquía. Y si la sala correspondiente del Supremo se pone chunga, ya vendrá el Constitucional a colocar cada cosa en su sitio. 

El salvífico Constitucional

Aunque la ley está dictada para favorecer a personas muy concretas, con nombres y apellidos (las acusadas por malversación en el procés), sus beneficiarios pueden ser muchos más, en concreto todos aquellos políticos de los que no se pueda constatar un enriquecimiento particular por la toma de decisiones irregulares, bien por falta de pruebas, bien porque, en efecto, tal enriquecimiento no se haya producido. Y ahí es donde entran los asuntos que afectan a los dos expresidentes murcianos. A la vista de lo que interpreta el Constitucional, por mucho que los tribunales ordinarios y el Supremo en última instancia puedan determinar, siempre quedará el recurso ante aquel, que por propia lógica tendrá que acatar su propia jurisprudencia.

No es extraño, pues, que Valcárcel se haya negado a la conciliación previa a la celebración de su juicio por el ‘caso desaladora’, que se iniciará el próximo 9 de julio. El expresidente ha declarado que pide un juicio «sin límites, a tumba abierta», que es la exigencia natural de quien se considera inocente. Si alguien para quien la Fiscalía pide once años y medio de prisión, veinte de inhabilitación absoluta y veintisiete para el ejercicio de cargos públicos, más una cuantiosísima indemnización, aceptará pactar una sentencia bondadosa respecto a ese conjunto de consecuencias de la acusación, estaría confesando de plano su culpabilidad, por mucho que tuviera una condena reducida. 

Alguien a quien acosara algún temor o que quisiera verse aliviado de una posible sentencia grave se acogería instintivamente a un pacto. No parece ser el caso de Valcárcel, lo que pone de manifiesto su fortaleza, así como su creencia en que la Justicia lo exculpará de los delitos que se le imputan. Y, desde luego, hemos de partir de una norma que ni siquiera este Gobierno ha vulnerado todavía: todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. En el caso de Valcárcel, también.

Sin enriquecimiento personal, a PAS le bastará el Constitucional para ser medido con la misma vara que Maleni 

Pero asimismo cabe señalar que las convulsiones que ha sufrido el sistema judicial por la necesidad de Sánchez de adaptar las leyes y de utilizar la Fiscalía y los tribunales bajo su influencia en favor de sus intereses políticos en relación con el procés de Cataluña (una suerte de lawfare inverso) abren perspectivas de impunidad para políticos de todo signo más allá de aquella Comunidad. Y esto lo sabe Valcárcel y, desde luego, su equipo jurídico, pues no será posible distinguir la aplicación de las leyes según el caso o el partido concernido. La paradoja en términos de presunta corrupción política es que los independentistas de Cataluña y los socialistas de los Eres abren la puerta a sentencias blandas en otros sumarios, aunque éstos impliquen a políticos de signo distinto al del líder que ha retorcido para su interés la letra y la interpretación del aparato legislativo. 

No será posible distinguir la aplicación de las leyes según el caso o el partido concernido, por lo que se benefician PSOE y PP

En lo que respecta a PAS, dado que la acusación no detecta enriquecimiento personal en las cuentas sobre las iniciativas por las que ha sido condenado con recurso pendiente al Supremo o en que permanece a la espera de juicio, le bastará recurrir al Constitucional para que le apliquen la misma vara de mediar que a Maleni. 

Generosa jurisprudencia

Así, el PP podrá criticar legítimamente a Sánchez por el uso político de la Fiscalía, del Constitucional y del Código Penal variable, pero en la práctica sus políticos imputados también resultan beneficiados de rebote. Los vicios del bipartidismo, que tanto la izquierda como la extrema derecha coinciden en señalar en el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, tienen una gráfica reproducción en la pugna de dos poderes del Estado (el legislativo y el ejecutivo, indistinguibles) con el tercero, que aspira desde los tribunales de primera instancia a mantener su independencia contra todo tipo de presiones y estigmatizaciones.

Cuando los casos de presunta corrupción que afectan al PP empiecen a archivarse gracias a una jurisprudencia constitucional generada para la estabilidad parlamentaria de Sánchez y para salvar las implicaciones de los Ere, Núñez Feijóo debería estar obligado a agradecer, aunque fuera por lo bajinis, que el presidente del Gobierno le haya hecho el trabajo sucio mientras él se ponía estupendo.

El blindaje de la clase política, que ya disolvió la separación entre Gobierno y Parlamento, precisa de la sumisión del Poder Judicial para adquirir la total impunidad. De momento, el círculo se va cerrando, y aunque se produce por intereses de parte, todos los clanes políticos se acabarán beneficiando en perfecta comandita. Y a la democracia, que le den.

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