Atajos legales

Más de cinco años se ha tardado en renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para hacer lo mismo que se podía haber hecho mucho tiempo antes. Esto es, cumplir la ley tal como está y después modificarla, con el fin de que sean los jueces los que elijan a sus representantes. Algo que, si parece tan normal, para algunos políticos parecer ser que no lo es. Veinte vocales nuevos para el citado Consejo, en el que desgraciadamente no hay ningún murciano, a pesar que somos pioneros en papel cero, entre otras cosas. Dos de las cuatro asociaciones judiciales, la progresista y la conservadora, se reparten por mitad los vocales. Las otras dos, y los jueces que no están en ninguna asociación, se quedan a verlas venir. Pero hete aquí, que solo a las 48 horas de la firma de ese pacto de renovación, ya surgen discrepancias entre los firmantes. ¿Será porque Sánchez ha cambiado nuevamente de opinión, o será porque se hacen a propósito las normas jurídicas poco claras para que sean los jueces los culpables de no interpretarlas como a cada uno le convenga?

Es verdad que el Derecho es una ciencia inexacta. Por eso huyan ustedes del abogado que les dice que él siempre gana todos los pleitos. Pero una cosa es que sea inexacta y otra que entremos en un círculo donde, hecha la trampa, se hace la ley. Hecha la ley, los jueces ponen sus reparos. Puestos los reparos, se modifica o se suprimen los artículos que estorben. Y así ha ocurrido con la Ley de Amnistía, que es tan abstracta que el Supremo ha bajado a la realidad a los prófugos con la malversación, en contra de la opinión de García Ortiz, que está por la labor de que entre todo. Menos mal que, si es imputado por el Tribunal Supremo, por el tema de la pareja de Ayuso, se irá por las buenas o por las malas, cesándolo el presidente del Gobierno; aunque, como no encontrará otro Tezanos así, ya ha dicho que tiene todo su apoyo.

Hasta ahora, estaba claro que si un juez o un tribunal planteaba una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional español o una cuestión de prejudicialidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el procedimiento se suspendía hasta que esos tribunales resolvieran. El Tribunal Constitucional, probablemente, hasta que no resuelva el de Europa no se pronunciará, y mejor será. Y éste hasta mediados del próximo año no tiene previsto resolver. ¿Qué hacer entonces? Pues se coge un atajo, como se ha hecho en otras ocasiones, y se dicta por el Ejecutivo, saltándose al Legislativo, un Real Decreto Ley, -que solo es posible en caso de urgencia, pero aquí da igual-, concretamente el 4/2024 de 26 de junio que se carga por molesto el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regulaba la cuestión prejudicial europea; y así, los jueces no pueden paralizar un proceso que beneficia a un supuesto amnistiado, y en especial al prófugo que manda en España, apaciguando así a Junts. Ese precepto disponía que el auto judicial de planteamiento de la cuestión prejudicial ante el TJUE, -contra el que no cabe ningún recurso-, acordará la suspensión de las actuaciones, hasta que conste la resolución de ese tribunal. Y eso claro no conviene a los condenados ni a los prófugos. Por si esto fuera poco, es de notar que ese Real Decreto Ley anticrisis, nace para prorrogar determinadas medidas con la finalidad de afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y en Oriente Próximo y adopta medidas urgentes en materia fiscal, energética y social. O sea, nada que ver con lo que su disposición derogatoria ha hecho con dicho artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que, por cierto, solo llevaba en vigor desde el 20 de marzo de este año. ¿Se pueden hacer las cosas con mayor interés, ni siquiera de un partido político, sino de una persona, o mejor de dos, uno para seguir en la Moncloa y otro para librarse de la cárcel?

Lo más curioso, y lo que riza el rizo, es que, como es costumbre, se había afirmado con anterioridad por el ministro de justicia que jamás se derogaría ese artículo de la LEC porque había sido introducido como consecuencia de las exigencias de la Comisión Europea, para concedernos un importante paquete de fondos económicos. Y, una vez recibidos, se suprime el artículo. Europa se hartará, más antes que después, de tanto cambio de opinión, y pondrá fin a tales despropósitos.

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