Un Consejo General del Poder Judicial en rebeldía

Mientras algunos fiscales se amotinan («movimiento desordenado de una muchedumbre, por lo general contra la autoridad constituida». RAE) contra el fiscal general del Estado, el máximo órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, lleva cinco años en rebeldía («delito contra el orden público, consistente en el levantamiento público y en cierta hostilidad contra los poderes del Estado, con el fin de derrocarlos». RAE). ¿De verdad queremos que sean los propios jueces los que elijan un poder que la Constitución otorga a la voluntad popular como fuente de donde emanan los tres poderes?

Lo que está ocurriendo con una parte -la más importante- del Poder Judicial es de juzgado de guardia. Jamás alguien desafió así a la propia Carta Magna, y que sea el órgano de dirección de los jueces quien siga, año tras año, echando un pulso a la propia Constitución debería ser presentado, como mínimo, como un acto de rebeldía.

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El Partido Popular se niega a cumplir la Constitución española, no porque la llamada ‘parte progresista’ acceda a controlar el CGPJ, sino porque no quieren perder el control que ahora ejercen, por lo que asistimos a uno de los mayores actos de hipocresía constitucional que jamás habíamos vivido.

Un país democrático que no dispone de herramientas legales para denunciar ante los tribunales de justicia a un órgano que, de manera consciente y con alevosía, incumple la propia ley, es un país herido y prisionero.

Estamos asistiendo a la degradación de la justicia en vivo y en directo, con bulos e informes tan absurdos como surrealistas, donde incluso hay órganos que se permiten la licencia de opinar de una ley incluso antes de que el propio legislador la haya aprobado, cuando nadie ni ninguna norma le otorga el papel de órgano consultivo.

Que la sociedad española esté normalizando la prostitución judicial, que nos hayamos acostumbrado a taparnos la nariz y cerrar los ojos ante un atropello constitucional, que asumamos con naturalidad amotinarse o rebelarse contra los poderes del Estado sin la más mínima consecuencia, nos lleva a convertirnos en una democracia con tara.

Si cualquiera de los otros dos poderes del Estado sobrepasara los límites de sus mandatos no solo en tiempo, sino en forma, estaríamos hablando de un golpe de Estado y con razón, en cambio, estamos asistiendo a una rebelión de libro por parte del CGPJ y a un motín en la Fiscalía, y nos encontramos a una oposición que en vez de ponerse de parte de las instituciones, arenga al propio Consejo y a los fiscales a seguir deteriorando nuestro sistema.

En las pasadas elecciones europeas, más de la mitad de la población no fue a votar, de seguir el deterioro institucional. Si a la Casa Real, a las Cortes, a las Asambleas autonómicas, incluso las Universidades, le sumas la corrupción, la xenofobia y el racismo, el resultado final no puede ser otro que aparezca un nuevo Milei hispano, con dos cojones, montado a caballo y cantando: «Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras tralará».

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