La lucha por el relato

Podría causar sorpresa que una causa penal en la que un individuo resulta condenado por haber intentado silenciar con fondos públicos a una actriz porno con la que había mantenido una relación extraconyugal no cause ningún perjuicio al convicto. Seguramente cualquiera vetaría, por ejemplo, como profesor de sus hijos al delincuente en cuestión. O, para seguir con ejemplo clásico, no compraría el coche usado que pretendiera venderle semejante personaje. Sin embargo, el condenado nada hipotético resulta ser el más que probable candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Y también resulta que, tras la condena, su posición no ha bajado en las encuestas. Aún más, las donaciones para su campaña se incrementaron vertiginosamente tras el pronunciamiento del jurado de Nueva York que, por unanimidad, lo ha considerado culpable de 34 delitos. Parece un misterio que un perfil delictivo que bastaría para rechazar tener cualquier tipo de trato o relación económica con quien se presentara con esas credenciales —y no digo nada si se tuviera que ocupar de trasmitir unos valores a un hijo propio—sin embargo sea aceptado nada menos que como el timonel del Estado.

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Cualquiera diría que la clave está en el relato. Donald Trump ha repetido hasta la saciedad que el juicio que lo ha condenado es en realidad una caza de brujas dirigida contra su persona por quienes quieren impedir a toda costa que repita en la presidencia de su país. Así, el convicto pasa a ser víctima de una conjura y de delincuente pasa a ser perseguido. Y una inocente víctima que es perseguida, sin duda merece toda nuestra simpatía y hasta nuestra confianza. No importa que el ‘relato’ subvierta las convenciones y principios en los que se funda en Estado de derecho. Hemos convenido que, en cuestiones de Justicia, no existe otra verdad que la que consideren probada y establecida los tribunales, para los que hemos diseñado mecanismos probatorios y criterios procedimentales que hagan objetivos sus dictámenes. Es decir, frente al discurso subjetivo que proclama, cómo no, la propia inocencia, se erige el veredicto del tribunal legítimo que mide y sopesa, que contrasta y comprueba, que se basa en elementos objetivos que cualquiera puede ver para declarar la culpabilidad. Que, además, un tribunal no puede actuar de parte. Y para corregir los posibles peligros de sesgo, interés de parte o soborno, está la doble instancia y los mecanismos de revisión por otro tribunal superior de cualquier veredicto o sentencia.

Sin embargo, en la arena política está triunfando por todas partes el relato subjetivo. En la actual campaña por las elecciones europeas, que se celebran hoy, ha jugado un papel central el caso de la presunta corrupción o tráfico de influencias de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. El asunto está todavía en los primeros pasos en el juzgado y ni siquiera está claro que el caso llegue a juicio. No obstante, desde la carta del presidente —la segunda; a este paso, Sánchez va a restaurar el decaído género epistolar—a las numerosas alusiones al caso en mítines, entrevistas y comparecencias públicas de unos y de otros, la lucha por el relato está opacando la realidad judicial. Es decir, lo subjetivo desplaza a lo objetivo en la disputa política y eso es una muy mala noticia, porque la intersubjetividad es lo que da sentido a la política. Es, también, la invasión de lo privado, de lo particular, en donde solo debería tener cabida lo público. 

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En el momento en que la verdad sobre el caso de Begoña Gómez, o sobre lo delictivo de la conducta de Trump, es ‘lo que yo diga’, en lugar de lo que en su día quede establecido en los tribunales, se ha desvirtuado por completo el sentido del debate político. 

Así, podemos hacer girar una campaña sobre opiniones acerca de algo que todavía no se ha sustantivado y, por tanto, sobre lo que no hay hechos establecidos. Así, un delincuente puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos.

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