Coag insta a reformar la Ley del Mar Menor para proteger a los agricultores

En la reunión de hoy de los miembros de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos, con las comparecencias sobre posible reforma de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, el presidente de COAG-IR Murcia, José Miguel Marín Marín, ha instado a hacer reformas urgentes para proteger a los agricultores y ganaderos del campo de Cartagena.

Marín ha puesto de relieve la importancia de cambiar la Ley del Mar Menor tras la “presión social y mediática” injusta que han sufrido en el sector en los últimos años, también añadió que la norma actúa como una “espada de Damocles” para los agricultores, y que la información y el análisis que han obtenido con el tiempo han demostrado la necesidad de cambios.

PP y Vox sustituyen el Consejo de la Transparencia por un comisionado

“Voy a hacer una petición a los grupos parlamentarios que ustedes representan. Voy a pedirles que saquen de la confrontación política un asunto de vital importancia para la agricultura de la Región, como es esta ley. Por favor, que la demagogia no sea la compañera de viaje en las propuestas que hagan en las modificaciones de esta ley”, ha precisado.

Ha insistido en que la ley actual fue elaborada sin el conocimiento suficiente y que, con el tiempo, ha demostrado ser ineficaz, causando inseguridad jurídica y limitando la producción. Por esa razón, ha abogado por modificar la ley, según ha puntualizado, “no para reducir la protección del ecosistema, sino para adaptarla a la realidad y permitir el desarrollo del sector agrario sin una regulación excesiva”.

Marín ha concluido su intervención resaltando la importancia de buscar un equilibrio que permita la convivencia de todas las actividades económicas en la Región de Murcia, recordando que su imagen puede verse afectada en el exterior. 

Más de 273 millones para recuperación y protección del Mar Menor para los próximos 16 años

En el turno de respuestas, Manuel Sevilla, del Grupo Parlamentario Socialista, se ha mostrado en desacuerdo con modificar la ley porque considera que “los aspectos nucleares, los fundamentales de las distintas actividades en la cuenca del Mar Menor” están bien defendidos en el texto legal, asegurando que la ley es transversal y que se elaboró intentando el equilibrio entre todos los sectores económicos. En concreto, “entre la actividad ganadera y agrícola con la recuperación y la sostenibilidad en el Mar Menor”.

Por su parte, Víctor Egío, del Grupo Parlamentario Mixto, ha recordado que ellos votaron en contra de la ley, no por las medidas propuestas, sino por la forma en que querían hacer que se cumplieran. Ha puesto de relieve que todo es un teatrillo político y que es un espantajo de la ultraderecha y el PP para hacer ver que se preocupan por el Mar Menor.

Al mismo tiempo, ha aprovechado para poner una propuesta sobre la mesa y pedir que se sigan los pasos de lo que ya se hecho en Doñana, un fondo de compensación para paliar los problemas de los agricultores, incluso los de aquellos que tengan que trasladar su actividad a otra parte para que el Mar Menor no sea vea afectado.

Vélez afirma que PP y Vox impiden la labor de control parlamentaria

Martínez Nieto, de Vox, ha destacado que la Ley del Mar Menor incorporó restricciones y limitaciones, especialmente en relación con los nitratos, antes de que se completaran las normativas europeas correspondientes. Según Nieto, esto perjudicó al campo de Cartagena, ya que la ley se adelantó a las regulaciones que aún estaban en desarrollo y ahora están evolucionando. Propuso que las disposiciones agrícolas de la ley deberían tener un rango reglamentario, permitiendo a la Consejería de Agricultura y al Gobierno de la Comunidad Autónoma adaptarlas y modificarlas según las necesidades del sector agrícola. 

En su turno de palabra, Jesús Cano, representando al Grupo Parlamentario Popular, ha señalado que es esencial analizar, modificar y cambiar las disposiciones ineficaces de la Ley, basándose en justificaciones técnicas y científicas. Resalta el compromiso para el control y el cumplimiento de las medidas de la ley, así como la creación y autorización de registros. Además, Cano ha elogiado el trabajo del sector agrario y las organizaciones relacionadas por su labor educativa y formativa sobre la ley. Para concluir, ha mencionado que la experiencia acumulada sugiere la necesidad de introducir mejoras para hacer la ley más eficaz.