PP y Vox sustituyen el Consejo de la Transparencia por un comisionado

El pleno de la Asamblea Regional aprobó este miércoles una proposición de Ley del PP para modificar la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, que supone la eliminación del actual Consejo de la Transparencia y la creación de un Comisionado único. Fue durante el pleno que retomaba la sesión de la pasada semana, que tuvo que ser suspendida tras la expulsión del diputado de Podemos Víctor Egío al negarse a abandonar el Parlamento autonómico tras ser expulsado.

Así, el pleno retomó aquella sesión justo en el punto en el que se suspendió: cuando se procedía a votar el dictamen de la Comisión de Asuntos Generales a la proposición de Ley. La votación se saldó con los 26 votos a favor de PP y Vox, que conforman el Ejecutivo regional, mostrándose en contra tanto los diputados de PSOE como los del grupo Mixto (Podemos).

En cuanto a los cambios más significativos implantados en la comunidad está la eliminación del actual Consejo de la Transparencia, formado por 18 miembros y que será sustituido por un Comisionado. Se trata de un órgano unipersonal que ocupará un profesional de reconocido prestigio, que no tendrá afiliación política y que será elegido por una mayoría cualificada de la Asamblea Regional. Un paso que da cumplimiento a uno de los puntos del acuerdo de Gobierno que suscribieron PP y Vox al inicio de la presente legislatura.

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En explicación de voto, la portavoz del grupo Mixto, María Marín, criticó que «no ha habido ninguna voluntad de diálogo ni acuerdo» durante la tramitación de la reforma de la Ley de Transparencia, y ha destacó que su ‘no’ es «en defensa de todos los colectivos representados en el Consejo de la Transparencia, porque creemos en los órganos colegiales, no en caudillos».

Para finalizar su intervención, la diputada sustentó su rechazo a la reforma de la Ley en la figura de quien fuera primer presidente del Consejo de la Transparencia. «En memoria de Pepe Molina, no a esta vergüenza», dijo.

También la diputada socialista Lola Jara se pronunció sobre la Ley, aunque lo hizo a través de un comunicado. Aseguró que PP y Vox «han acabado con la transparencia para gestionar la Comunidad Autónoma a su libre albedrío, como si fuera un chiringuito». «Nuevamente, la ultraderecha marca el paso en la Región y el PP claudica ante Vox», apostilló. Según Jara, el Comisionado de Transparencia, al ser un órgano unipersonal, no es representativo de la sociedad de la Región, y ha apuntado que en el mismo «se podrán colocar a dedo a personal y asesores».

Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, Rubén Martínez Alpañez, subrayó que «la actualización de la Ley de Transparencia es más necesaria que nunca» para «homogeneizar la información de la Administración pública al servicio del ciudadano». Manifestó que espera que la reforma «se ponga en marcha a la mayor brevedad posible».

Finalmente, el portavoz del grupo parlamentario popular, Joaquín Segado, aseguró que «es una reforma buena para garantizar la transparencia y la independencia del órgano», que resolverá las consultas que se planteen frente a las reclamaciones de acceso a la información pública. En esa línea, Segado manifestó que «se elegirá al nuevo responsable de la Transparencia en la Región, que será un comisionado independiente».

Acuerdo para subir el importe de las plazas concertadas de menores tutelados

El pleno de la Asamblea Regional aprobó ayer la Proposición de Ley de incremento del importe de las plazas y servicios correspondientes a los conciertos sociales de Menor y reforma. En este asunto, los votos de PP, PSOE y Podemos dieron luz verde a la norma, con la abstención de Vox. Se aumenta así en cerca de 470.000 euros el presupuesto destinado a las plazas y servicios de los conciertos sociales para adaptarlos a los exigidos en el convenio colectivo reformado en 2022 y que aún no se cumplía en la Región.

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En concreto, las plazas en centros de media/larga estancia para menores cuya tutela y/o guarda haya sido asumida por la entidad pública pasarán a gestionarse con 175,38 euros día, lo que supone un incremento del 2,16%. En cuanto a las plazas similares para menores con problemas de conducta, la cuantía será de 207,57 euros, un 2,31% más. Asimismo, aquellas plazas en centros de primera acogida de menores en situación de urgencia o emergencia social cuya tutela y/o guarda haya sido asumida por la entidad pública pasan a los 181,33 euros, con una subida del 2%, mientras que las plazas de centros de primera acogida de media/larga estancia para menores de 0 a 6 años cuya tutela y/o guarda haya sido asumida por la entidad pública llegan hasta los 163,54 euros, un 1,65% más.

Finalmente, el servicio de preparación para la vida independiente s personas jóvenes tuteladas y extuteladas en riesgo de exclusión social llega a los 35,74 euros con un incremento del 2%; las plazas en centros con medidas de seguridad para menores a los que se les haya impuesto medidas judiciales de internamiento se sitúan en los 264,27 € (+1,48%); y el servicio de punto de encuentro familiar tendrá un coste de 227,61 euros, lo que supone un incremento del 8,39%. Tanto PSOE como Podemos explicaron su voto afirmativo indicando que supone el cumplimiento del convenio y un mejor sueldo para los profesionales del sector. El PP destacó que así «se da estabilidad económica a 500 trabajadores de los centros».