¿Debe Sánchez cambiar el CGPJ? / Depende de Feijóo y los jueces

En puridad, ni Sánchez ni ningún presidente del Gobierno español debería cambiar las normas de funcionamiento del CGPJ, porque, si se cumpliera la Constitución, el órgano máximo de la judicatura se renovaría negociadamente cada cinco años sin ningún problema. Como así ha venido sucediendo casi siempre, menos cuando la mayoría en el Parlamento español la ostentaba el PP. A principios de junio, se superó la barrera de cinco años y medio sin renovación negociada del Consejo. La última vez que se renovó fue en 2013, con Mariano Rajoy presidiendo el Gobierno y Rubalcaba como jefe de la oposición.

En ese tiempo, ha habido muchas discusiones y contradicciones y hasta una mediación europea. El asunto es que el principal partido de la oposición actual tiene bloqueado el ‘refresco’ de ese órgano vital para el funcionamiento correcto de la Justicia española.

Al margen de la utilización política, la realidad es que hay dos grandes perjudicados por el estancamiento. Primero, los propios jueces, puesto que el bloqueo del Consejo impide nombramientos de presidentes de audiencias y de TSJs, etcétera. Segundo, y derivado de lo anterior, los ciudadanos ven cómo la carestía de togados repercute directamente en la prolongación matusalénica de procedimientos. Al final, todo redunda en que la justicia lenta no es justicia.

El PSOE y su socios de gobierno se empeñaron desde que tocó –hace más de cinco años– cambiar el Consejo. Con menos fortuna que más, han intentado hacerlo con varias fórmulas. Todas rechazadas por el actual principal partido de la oposición, que ha exhibido un amplio abanico de excusas, contradicciones y cambios súbitos de parecer cuya única finalidad se diría que es bloquear como sea la renovación para mantener el control actual que tiene sobre el órgano, puesto que los últimos cambios fueron favorables al PP con Mariano Rajoy a los mandos.

El bloqueo sirve a los intereses ‘populares’: no perder el control del CGPJ a pesar de que no gobierna desde 2018. Y también a los de determinados jueces, alineados políticamente con la derecha y empeñados en dinamitar como sea al Gobierno actual. Naturalmente, en España no hay lawfare, los jueces (¿todos?) son sabios apolíticos e independientes y sus acciones jurídicas son imparciales y ciegas como la justicia tan rápida con que satisfacen los litigios. Está claro: en España no hay lawfare ni nada que se le parezca, ¡válgame dios!

Llevaría cientos de páginas analizar las características (a)políticas de los actuales jueces y magistrados españoles. Es más sencillo ver cuáles son las asociaciones judiciales mayoritarias: la Asociación Profesional de la Magistratura, más derechas que el papa –como se dice– y la Francisco de Vitoria –más de lo mismo–.

Así las cosas, no es de extrañar que el Ejecutivo de Sánchez amenace con cambiar unilateralmente, pero con mayoría parlamentaria –no se olvide–, determinadas normas relativas al CGPJ para que este recupere su operatividad perdida. No se sabe en detalle cómo lo hará, ni siquiera si conseguirá apoyos suficientes en el Congreso, habida cuenta de las crecientes dificultades para concordar que hay en la coalición y con sus socios parlamentarios.

Tampoco está de más recordar que, según el Eurobarómetro anual recién publicado, en 2023 España se mantuvo sólidamente donde lleva años: en el pelotón de cola de la UE respecto a la percepción ciudadana ‘mala’ o ‘muy mala’ de la independencia del sistema judicial, rayana en el 60%, solo por detrás de Croacia, Eslovaquia y Bulgaria.

Desde luego, es evidente que es improductivo e injusto dejar las cosas como están, sobre todo si resulta que los mayores perjudicados son los jueces en particular y los ciudadanos en general. El plazo de Sánchez para actuar unilateralmente termina el 28 de junio. Sea lo que sea, este Poder Judicial está zombi y hecho unos zorros desde hace cinco años, y esto ya huele. Que acabe el hedor depende de Feijóo, si Ayuso se lo permite... y también los jueces prominentes, que, obviamente, algo dicen ‘sotto voce’ para que sean bien oídos en Génova. 

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