¿Debe Sánchez cambiar el CGPJ? / Dejad a los jueces en paz

«Yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano de gobierno de los jueces. Yo estoy dispuesto a renunciar a todas esas comodidades que han hecho peor al partido socialista». Pedro Sánchez, diciembre de 2014. Imposible no estar de acuerdo con él.

El problema de Pedro es que, una vez en el poder, ha hecho exactamente lo contrario de lo que decía Sánchez antes de instalarse en él. En realidad no es su problema, claro, sino el nuestro como sociedad democrática, sometida a los embates de un Ejecutivo que entiende el ejercicio del poder de manera irrestricta y trata de cargarse todos los contrapesos que permiten el funcionamiento normal de una democracia. Como la Justicia y los medios de comunicación libres, las instituciones que ponen límites a la tendencia autoritaria de la clase política y permiten la existencia de una sociedad informada de lo que hacen los poderosos. Cuando la Justicia y los medios están también sometidos al Gobierno, la democracia deja de serlo para convertirse en otra cosa bien conocida. España está en ese proceso y si alguien acusa de alarmismo injustificado a los que defendemos la primacía de la separación de poderes y la libertad de prensa, enhorabuena; con el sanchismo le va a ir muy bien.

Es evidente que hay que cambiar el procedimiento por el que se elige a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. El problema aquí es que la modificación que propone el Gobierno nos aleja todavía más del ideal de una Justicia independiente, porque la pretensión de Sánchez, coreada por sus esbirros mediáticos, es, precisamente, aherrojar aún más la voluntad de los jueces a los designios gubernamentales, una agresión frontal a los principios generales del funcionamiento de la Justicia establecidos por la Unión Europea para sus estados miembros.

El órgano de gobierno de los jueces debe ser elegido por los propios jueces libremente. Que tampoco es que sea la garantía definitiva de independencia pero, al menos, las manos de los políticos se mantendrían alejadas del mundo judicial. Sánchez quiere perpetuar el actual modelo manteniendo la tutela aberrante de los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el Judicial, cuando en realidad los tres deben actuar como contrapesos y no como lacayos del Gobierno, que es el modelo ultraizquierdista defendido por el sanchismo. La operación propagandística para seguir mangoneando en la Justicia es de tan baja estofa que el Gobierno ha esparcido el mantra, repetido por el equipo de opinión sincronizada sanchista, de que la soberanía popular reside en el Congreso de los Diputados. Ni siquiera mencionan al Senado, porque ahí la mayoría absoluta es de la ultraderecha nazi; o sea, el PP. Pero es que el argumento contiene otras dos aberraciones mayúsculas que, por pudor intelectual, deberían evitar. La primera es que no existe eso llamado ‘soberanía popular’, fórmula revolucionaria impuesta por las dictaduras marxistas para suplantar a los órganos constitucionales por una especie de mandato del pueblo que solo conoce el Gobierno. Lo que hay en un régimen constitucional es la soberanía ‘nacional’ que, además, no reside en el Congreso de los Diputados, sino en el pueblo español; también en esa parte del pueblo que no vota (porque no le da la gana) o lo hace a partidos que no obtienen representación. Suplantar la voluntad del pueblo y convertirlo en un mandato plebiscitario para que una mayoría de diputados (más exigua que nunca, además) disponga lo que le venga en gana es un atropello a la democracia.

A esta pasión desaforada por hacer depender a los jueces de la voluntad del Gobierno deben de haber contribuido en gran medida, qué duda cabe, los problemas judiciales de la señora de Sánchez (la ‘presidenta’, la llaman a veces los socialistas) y de su hermano, dos presuntos golfos cuyas actividades están siendo analizadas por los órganos judiciales correspondientes.

Pero Sánchez no puede trasladar sus problemas personales a todos los españoles. Una Justicia independiente exige que el futuro profesional de los jueces y magistrados no dependa de los políticos. Cualquier otra cosa nos aleja de ser una democracia asentada. 

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