Transporte público

Murcia proyecta un ambicioso plan de transporte público con tarifa plana

El Ayuntamiento ha lanzado una inversión de récord con un contrato de 330 millones a 10 años

La intención es conectar cualquier punto del municipio con el centro en una media de 30 minutos

Autobús eléctrico en pruebas, en la parada de la plaza Camachos, en el barrio del Carmen.

Autobús eléctrico en pruebas, en la parada de la plaza Camachos, en el barrio del Carmen. / Juan Carlos Caval

Lola López

Lola López

"Este será un paso decisivo en la tranformación del municipio", ha asegurado la vicealcaldesa Rebeca Pérez sobre el nuevo plan del transporte público que ella y José Francisco Muñoz, concejal de Movilidad, han presentado esta mañana arropados por los representantes de las empresas concesionarias. 

El consistorio murciano ha asegurado que próximamente se llevarán a cabo cuarenta medidas que harán que el transporte público alcance al 96% de las personas y cubra el 98% del municipio. Entre ellas, destaca la tarifa plana que se implantará en el precio del billete, lo que igualará el precio, por ejemplo, entre los autobuses urbanos y los de pedanías (tradicionalmente más caros). 

Se pasará de tener una flota de 117 a ampliarla hasta 150 vehículos. Y no solo será nueva la cantidad, sino también la calidad: se introducirán vehículos completamente eléctricos, la mayoría de ellos asignados a la nueva línea T1, la del tranvibús que conectará el centro con El Palmar, pedanía que se verá especialmente favorecida por las nuevas medidas, dado que se calcular que unas 35.000 personas realicen ese viaje diariamente. En datos del concejal, será un trayecto 100% libre de emisiones en el que se podrá llegar a la Ciudad Universitaria de la pedanía en 18 minutos. 

La creación de nuevas líneas de transporte, con una revisión de las frecuencias, adelantó Muñoz, cristalizará en que cualquier habitante del municipio pueda llegar al centro en una media de media hora. Para ello, se recurrirá a una inversión de record: se ha establecido un contrato de 330 millones de euros a 10 años para tener un transporte público "vanguardista y a la altura de la séptima ciudad de España", según la vicealcaldesa. 

Las cifras presentadas por el Ayuntamiento avalan su propuesta: entre diciembre y enero, cuando los autobuses fueron gratuitos y las líneas estaban reforzadas, se incrementó su uso en un 27%. Pérez explicó que para elaborar esta estrategia se ha llevado a cabo un estudio de las demandas de la población, tanto con entrevistas como con el análisis de los movimientos que realizan los murcianos.

El Ayuntamiento se resiste a las amenazas del Ministerio

Preguntado por la reciente amenaza del Ministerio de Transportes de retirar las ayudas para el transporte público a las ciudades de más de 50.000 habitantes que no incentiven Zonas de Bajas Emisiones, José Francisco Muñoz ha asegurado que el consistorio entiende "perfectamente" la normativa, así como las "cartas y amenazas" del Ministerio a las que ya están "acostumbrados". "Las Zonas de Bajas Emisiones no responden solo a emisiones de tráfico", a entendimiento de su departamento, y asegura que se están trabajando en otras medidas para conseguir reducir esos indicadores. 

En este sentido, ha asegurado que se han establecido dos convenios con la UPCT la UMU para estudiar las "alternativas" que permite el Real Decreto de las Zonas de Bajas Emisiones. "No solo las restricciones son medidas suficientes para bajar las emisiones, sino también los calmados de tráfico -eludiendo a la zona de Santa Eulalia y Calle San Nicolás-, las zonas peatonalizadas -como Alfonso X-, las alternativas el transporte privado", aseguró, para volver a destacar los puntos más relevantes anteriormente mencionados. 

Por último, el concejal ha buscado la explicación a los altos índices de contaminación de la ciudad en las recientes obras de movilidad, asegurando que "las retenciones que han provocado las obras de movilidad han aumentado los niveles de los indicadores de PM2,5, de dióxido de carbono y de dióxido de nitrógeno". Esto, asegura, les ha obligado a tomar "decisiones adicionales" aunque, apostilla, desde el "compromiso y la corrección con el Ministerio y las subvenciones" que les han dado.