Medio Ambiente
Murcia, Lorca y Molina pueden perder las ayudas al transporte público
El Ministerio amenaza con condicionar las subvenciones para costear el servicio al establecimiento de las Zonas de Bajas Emisiones
Tubos de escape de varios vehículos que circulan por la ciudad de Murcia. / Juan Carlos Caval
El Ministerio de Transportes amenaza con retirar las ayudas al transporte público a los ayuntamientos que no pongan en marcha las actuaciones necesarias para implantar las Zonas de Bajas Emisiones antes del próximo año. En la Región están obligadas a establecer limitaciones al tráfico que permitan mejorar calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero las cuatro ciudades que superan los 50.000 habitantes, todas gobernadas por el PP y Vox, pero Cartagena es la única que ha ejecutado un plan para limitar la circulación en dos zonas del centro urbano. Murcia, Lorca y Molina de Segura siguen formando parte de la lista de las rezagadas, integrada por un centenar de municipios españoles que hacen oídos sordos a los plazos legales.
Los ayuntamientos de la capital y de Lorca han llegado a recibir incluso una amonestación del Defensor del Pueblo, que a finales del pasado año inició actuaciones contra 33 ciudades que habían ignorado las obligaciones impuestas por la Ley de Cambio Climático.
El 1 de julio de julio terminaba el plazo establecido en el decreto que regula el establecimiento de las Zonas de Bajas Emisiones, pero tres de las grandes ciudades de la Región no han elaborado todavía los planes para limitar el tráfico e impedir el acceso al centro a los vehículos más contaminantes.
En Murcia ni siquiera ha empezado a plantearse qué tipo de vehículos que podrán acceder al interior de la ciudad ni la delimitación de las áreas en las que se establecerán las restricciones.
Este lunes ha terminado el plazo establecido para que los ayuntamientos pongan restricciones
Su regulación puede resultar especialmente conflictiva en una ciudad a la que entran diariamente miles de vehículos procedentes de las pedanías y del resto de municipios de la Región, cuyos usuarios no disponen de alternativas para pasarse al transporte público.
Sin embargo, la antigüedad del parque de vehículos es uno de los problemas fundamentales que deberán afrontar los vecinos cuando se pongan en marcha las Zonas de Bajas Emisiones.
El Ayuntamiento de la capital concluyó el pasado otoño las obras de movilidad destinadas a reducir el tráfico de los vehículos privados en las grandes arterias y habilitar los carriles específicos destinados al transporte público.
A raíz de la amonestación del Defensor del Pueblo, Lorca ha empezado a dar los primeros pasos este invierno para configurar sus Zonas de Bajas Emisiones y ha anunciado algunas de las medidas que está contemplando en el casco antiguo.
Molina, que ha ejecutado obras de peatonalización, prevé elaborar una ordenanza que incluirá un registro de vehículos autorizados para circular.
Por su parte, el Ministerio de Transportes pretende conseguir que los cien ayuntamientos más rezagados, entre los cuales figuran Murcia, Lorca y Molina, dejen de ignorar los plazos legales .
Según ha avanzado la SER, la alternativa que sopesa el departamento de Óscar Puente es condicionar las ayudas al transporte público a la puesta en marcha de los planes para limitar las emisiones contaminantes en las ciudades más díscolas. Esto supondría que Molina, Lorca y Murcia pueden ver peligrar las ayudas destinadas a subvencionar el transporte público a partir de 2025 si no establecen sus Zonas de Bajas Emisiones.
Esta medida sería especialmente gravosa para Murcia y Lorca, que además de estar entre los municipios más extensos de España, tienen a una gran parte de su población en pedanías y deben mantener una costosa red de transporte interurbano para garantizar la movilidad.
El Ministerio está aportando en torno a la tercera parte del coste del servicio, lo mismo ponen los consistorios, lo que permite abaratar el precio del billete que paga el usuario.
Transportes trata de conseguir así que los municipios más escépticos dejen de seguir aplazando la puesta en marcha de las restricciones al tráfico de vehículos más contaminantes.
Según los datos difundidos por las organizaciones que están siguiendo el cumplimiento de las medidas establecidas en la Ley de Cambio Climático, de los 151 ayuntamientos con más de 50.000 habitantes que debían poner en marcha restricciones al tráfico, apenas una veintena ha establecido Zonas de Bajas Emisiones.
El resto ha establecido algún tipo de restricciones, pero no ha llegado a cumplir las exigencias contempladas en la ley.
Ballesta pretende buscar una alternativa en lugar de prohibir
El Ayuntamiento de Murcia trata de buscar una solución que permita dar alternativas a los vecinos en lugar de establecer prohibiciones a la entrada de vehículos. El equipo de gobierno que preside José Ballesta asegura que está desarrollando un convenio con la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena para realizar estudios que permitan analizar los desplazamientos de los ciudadanos dentro del casco urbano de la ciudad y determinar los flujos predominantes antes de tomar decisiones.
La pretensión de Murcia es «dar alternativas y no prohibir». Fuentes municipales avanzan que el Consistorio ya ha establecido «Zonas de Bajas Emisiones de facto» con actuaciones como la peatonalización del Paseo de Alfonso X El Sabio.
Añaden que el impacto de estas obras sobre el tráfico se complementa con una red de aparcamientos disuasorios y el nuevo modelo de transporte público, que está pendiente de salir a licitación.
Apenas una veintena de los 151 municipios de más de 50.000 habitantes han limitado el tráfico
La capital de la Región es una de las ciudades que soporta una mayor contaminación atmosférica provocada por las emisiones que origina el tráfico de vehículos. En los últimos meses la presencia de partículas peligrosas en el aire está superando con frecuencia los límites establecidos en zonas como la de San Basilio.
Estos episodios de contaminación atmosférica se complican aún más en los momentos en que llegan a la Región las masas de aire procedentes de África con una gran densidad de partículas sólidas, que acrecientan los riesgos a los que está expuesta la población más vulnerable.
Cartagena ha aprobado una ordenanza
Cartagena es el municipio que más ha avanzado en el establecimiento de las Zonas de Bajas Emisiones destinadas a reducir el tráfico rodado para rebajar la contaminación atmosférica en las ciudades. El Consistorio presidido por Noelia Arroyo, que ha publicado una ordenanza en la que recoge las medidas previstas en la ciudad, da por hecho que ha cumplido las exigencias establecidas en la Ley de Cambio Climático con medidas como la instalación de sensores para medir la contaminación atmosférica.
La ordenanza incluye una disposición transitoria en la que se contemplan las posibles restricciones a los vehículos de transporte de mercancías y de transporte de viajeros con más de ocho plazas.
El Ayuntamiento presenta su 'Plan de Movilidad Sostenible, CartaGO!' como «la hoja de ruta que desarrolla el Ayuntamiento». Defiende que «ha hecho sus deberes y ha activado la Zona de Bajas Emisiones en las que se han instalado sensores ambientales y cámaras de tráfico, que ofrecen una serie de datos y parámetros que ayudan a la toma de decisiones tanto a nivel ambiental como en aquellas actuaciones relativas al tráfico».
Por otra parte, añade que «ha primado actuaciones de concienciación e incentiva el uso del transporte público».
Fuentes municipales precisan que, «además, se ha protegido el casco antiguo y el área entre las calles Reina Victoria, Paseo Alfonso XIII, Juan de la Cosa y Ramón y Cajal, como Zona de Bajas Emisiones. Y se sigue trabajando con este plan que, además de ser una referencia para otras ciudades, no ha costado dinero a los cartageneros, porque se han obtenido fondos europeos con los que se ha financiado este proyecto», indican.
Cuando se aprobó la ordenanza municipal que establecía la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Cartagena el Ayuntamiento informó de que no consideraba necesario el uso de las etiquetas ambientales ni tampoco establecer prohibiciones de tráfico rodado. En un comunicado, el Consistorio ya dejó claro que en Cartagena «no será necesario» el uso de «las etiquetas ambientales que expide la DGT y que constituyen un sistema para clasificar los vehículos de acuerdo a sus emisiones, en función de eficiencia energética y su impacto sobre el medio ambiente». n
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