Tribunales

El juzgado que investiga la polémica promoción de los 20 subinspectores de Policía Local de Murcia fija la vista para 2025

Admite a trámite la demanda de Somos Sindicalistas, que denunció que algunos aspirantes al ascenso no tienen la titulación que pide la ley

La asociación de mandos Aspromap respalda a los compañeros y valora su "sacrificio"

Nuevos inspectores y subinspectores, tras el curso selectivo de formación.

Nuevos inspectores y subinspectores, tras el curso selectivo de formación. / La Opinión

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 7 de Murcia ha admitido a trámite la demanda presentada por el sindicato Somos y está investigando la convocatoria de 20 plazas de subinspector de Policía Local de Murcia por el procedimiento de promoción interna.

En una resolución, fechada el 1 de julio, el juzgado cita a las partes para la celebración de una vista el próximo 1 de octubre de 2025. Los juzgados y tribunales de la Región sufren desde hace años un atasco que se agudizó con la pandemia. 

La polémica surge porque, según Somos, las bases de esta convocatoria, iniciada en 2021, solo exigía a los aspirantes tener el Bachiller y no un título superior, que es lo que exige la Ley de Coordinación de Policías Locales para el nombramiento de estos mandos. Media docena de aspirantes no tendrían la titulación requerida.

Tras conocer la decisión del juez, desde la dirección jurídica del sindicato en Murcia ejercida por el letrado Rubén García Ayala, dijeron que «el Ayuntamiento está llevando a cabo un proceso selectivo en base a una convocatoria que contraviene, entre otras, la normativa que regula la propia estructura y organización policial, la Ley 6/2019 de Coordinación de Policías Locales». 

Diez días para alegar

«Ya antes de aprobar las bases del concurso-oposición a la categoría de subinspector, la corporación municipal era conocedora de los problemas que acarrearía exigir una titulación inadecuada», aseguró, para añadir que otros consistorios (como Bullas, Puerto Lumbreras, Yecla, San Javier, Alguazas o Ceutí) sí exigieron la titulación correspondiente a sus policías, en procedimientos similares.

Por otro lado, Somos Sindicalistas solicitó al Contencioso medidas cautelares para paralizar los nombramientos. En este sentido, el Juzgado ha emitido una diligencia de ordenación en la que da diez días al Consistorio para que «exponga lo que estime procedente sobre la solicitud formulada por el recurrente», esto es, para que formule alegaciones.

Apoyo de los mandos

Antonio González, inspector de la Policía Local de Murcia y presidente de la Asociación Profesional de mandos de la Policía Local de Murcia (Aspromap), apuntó que «aunque será el Contencioso el que tendrá que determinar la legalidad» del procedimiento, desde el colectivo «queremos solidarizarnos con los compañeros, que llevan mucho tiempo estudiando y pasando pruebas» y expresar «apoyo y solidaridad hacia ellos».

«Están todos nerviosos y preocupados», lamentó González, «desde la asociación queremos darles ánimos».

Aspromap lanzó un comunicado en el que apunta que «con independencia de la posible conveniencia o no, de la oferta de estas plazas, derivada de una interpretación más o menos acertada de la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales de la Región de Murcia, cuyas bases no fueron objeto de impugnación ni denuncia, es de destacar la trayectoria y gran profesionalidad demostrada a lo largo de sus más de veinte años de servicio en muchos de los casos».

El colectivo pone el acento en «los sacrificios tanto de índole personal como profesional» que han hecho estos aspirantes, «superando la academia de formación organizada por la Escuela Regional de Policías Locales de la Región de Murcia, junto con mandos de otras plantillas de la Región, llegando a la celebración del acto de clausura de dicho curso el mes pasado, junto a sus familias y amigos.

«Cuando únicamente queda el nombramiento oficial como subinspectores de pleno derecho, titulo ganado después de largas horas de estudio y aprovechamiento e incluso estar asignados en sus nuevos destinos, aparece un obstáculo promovido por un sindicato que hace tambalear las esperanzas e ilusiones de estos veinte agentes y sus familias», destaca la asociación. En la misma línea, precisan que el escollo «puede llevar a un retroceso de años en sus legítimas aspiraciones, con una finalidad que ni entendemos ni compartimos».