Justicia y Salud se alían para mejorar la atención de personas privadas de libertad con trastorno mental

La Región de Murcia se ha convertido en la primera comunidad autónoma de España en contar con un protocolo específico para la atención a personas que, sufriendo un trastorno mental grave o una discapacidad, han sido privadas de libertad por haber cometido un delito.

La Guía de Coordinación Interinstitucional para la Ejecución de Medidas de Seguridad e Internamiento de la Región de Murcia ha sido presentada este viernes por el consejero de Salud, Juan José Pedreño, junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Miguel Pasqual del Riquelme, y el Fiscal Superior de Justicia, José Luis Díaz Manzanera, en un acto en el que se ha destacado la colaboración de las dos administraciones (Salud y Justicia) para sacar adelante un protocolo que redunda en una mejor atención a estas personas, buscando los recursos más apropiados para cada situación.

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Pasqual del Riquelme ha expuesto que la guía ya ha sido testada en un proyecto piloto con 76 personas que necesitaban medidas de privación de libertad entre enero de 2021 y junio de este año 2024 en la Región de Murcia , “quienes ya se han beneficiado de esta colaboración para lograr el mejor recurso”.

En la Comunidad Autónoma los juzgados que aplican este tipo de medidas son los Juzgados de Lo Penal de Murcia, Cartagena y Lorca, así como la Audiencia Provincial.

El presidente del TSJ ha querido apuntar que las medidas de seguridad son distintas a la pena y que estas se determinan en función de la peligrosidad de la persona que ha cometido el delito y el riesgo de que vuelva a cometerlo o actuar de esa forma.

Al tiempo que ha señalado que “las medidas de internamiento parecen un agujero negro y hay que pensar que detrás hay personas, por lo que hay que tener presente que el crimen es muchas veces una oportunidad para reconducir vidas”.

En el documento se recogen los recursos que hay disponibles para este tipo de situaciones, en las que se priva de libertad a una persona con trastorno mental grave o discapacidad, detallando los centros que hay de internamiento de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud (SMS), del IMAS o de discapacidad, así como cuando se indica la necesidad de ingreso en una unidad psiquiátrica penitenciaria.

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13 pautas de actuación

El Fiscal Superior de Justicia explicaba durante la presentación que este documento “de máxima trascendencia”, en el que se ha trabajado conjuntamente porque los jueces y fiscales estaban preocupados por la situación que se estaba dando, recoge trece pautas de actuación para la coordinación de buenas prácticas con las que se mejora la atención y seguimiento a personas con trastornos mentales graves, discapacidad o adicciones y en cuyo caso su situación sea eximente de responsabilidad penal.

De esta forma “habrá una mejor comunicación entre la administración de Justicia y la Sociosanitaria”, apunta Díaz Manzanera.

Para el desarrollo de la Guía de Coordinación Interinstitucional para la Ejecución de Medidas de Seguridad e Internamiento de la Región de Murcia se han creado tres grupos: judicial, sociosanitario y de seguimiento.

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Por su parte, el consejero de Salud ha destacado la importancia de contar con este documento, con el que se ofrecen recursos a profesionales de la Justicia, de Salud y de Política Social para atender a personas con problemas de salud mental grave que requieren internamiento. En definitiva, “es una guía que humaniza” y con la que se creará un inventario de todos los recursos y dispositivos disponibles para estos casos.

Recursos disponibles

Cuando una persona con trastorno mental grave o discapacidad comete un delito se cuenta con distintas opciones de ingreso o internamiento en función de su situación o del riesgo de que pueda volver a actuar.

Desde Salud Mental especifican que entre ellas hay residencias para personas con trastorno mental grave; residencias de discapacidad intelectual; unidades de hospitalización psiquiátrica; y hospital psiquiátrico penitenciario, de los que sólo hay tres en España y pertenecen a la administración penitenciaria (el más cercano a la Región se encuentra en Alicante).

“En definitiva, todos los recursos se ponen a disposición del juez que va a dictar sentencia y en colaboración con salud mental se determina el recurso más adecuado para cada caso”, señalan.