Los regantes advierten de que el informe de Castilla-La Mancha encubre el fin del trasvase

Los regantes del trasvase Tajo-Segura reclamaron al Gobierno de España que impida que las peticiones de Castilla-La Mancha en el proceso de revisión de las normas de explotación del acueducto, ahora en tramitación, se conviertan de facto en un nuevo recorte del trasvase y en la modificación de la legislación que regula los envíos de agua del Tajo a Murcia y Alicante.

Lo hicieron tras mostrar su indignación por las declaraciones de la consejera de Medio Ambiente castellanomanchega, Mercedes Gómez (PSOE), en las que señaló que el Gobierno de España «valora muy positivamente» las solicitudes de esta comunidad autónoma que, en esencia, insisten en rebajar el volumen de agua a trasvasar para el regadío de Murcia y Alicante, dando prioridad a la cuenca cedente para garantizar los caudales ecológicos del Tajo, y en que la cuenca receptora opte por la desalación para la agricultura.

El documento, según aseguró la consejera en su presentación, recoge, además, que se debe actualizar el umbral mínimo de reservas no trasvasables en los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía, que se sitúa en los 400 hectómetros y que ya fue modificado al alza en 2013, elevándolo desde los 240 hectómetros. En definitiva, limitar el trasvase que riega la cuenca del Segura desde hace 45 años a envíos extraordinarios para abastecimiento humano.

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Peticiones a las que, si se accede, según los regantes, supondrían una modificación encubierta en puntos esenciales de la legislación que ampara el trasvase, cuya media anual actual de envíos está en torno a los 100 hectómetros para consumo urbano y cerca de 200 para riego. La infraestructura se puso en marcha en 1979 para trasvasar 1.000 hectómetros anuales, aunque nunca se ha enviado ese volumen.

El enfado del sector agrícola también se refleja en el hecho de que la consejera haya descalificado los informes de las comunidades autónomas de Murcia, Valencia, Andalucía y Madrid (gobernadas por el PP) a la modificación de esas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, tildándolos de «políticos y económicos», además de dar a entender que cuenta con un acceso a la información y evaluación del expediente del que carecen Murcia y Alicante.

Mientras, oficialmente el Ministerio para la Transición Ecológica no se ha pronunciado. Ha encargado un informe de la revisión de las normas al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) para que el asunto se traslade al Consejo Nacional del Agua. No hay plazo para que se llegue a ese punto.

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«Cuando los responsables del Gobierno de Castilla- La Mancha se muestran tan contentos, son malas noticias para el Levante. Es la experiencia que tenemos también por el proceso de planificación del Plan de Cuenca del Tajo. No deberían alegrarse de que otras regiones del país pierdan porque en realidad no ganan nada», explica Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (SCRATS), que engloba al sector agrícola del trasvase en Murcia, Alicante y Almería.

Para Jiménez la precipitación con la que actuó el Gobierno valenciano del Botànic en la presentación de medidas cautelares a la aprobación del plan de cuenca del Tajo y en la demanda «vacua de contenido» frente a su aprobación -rechazada por el Tribunal Supremo- han «hecho un flaco favor a los intereses de nuestros regantes». El SCRATS está elaborando un recurso a la aprobación del plan de cuenca.

Ángel Urbina, uno de los representantes de Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura en el SCRATS, lamenta que la consejera manchega de Medio Ambiente se dedique a «intoxicar a los regantes» y a «hablar de oídas» e indica que esta comunidad intenta con sus reclamaciones modificar variables de las reglas de explotación que están reguladas por ley, tanto por el propio Plan del Tajo, aprobado en enero de 2023, como por el cuerpo legal que regula el trasvase.

Criticó además que no saliera adelante la propuesta para que se celebrara una comisión técnica con representantes de las comunidades autónomas y Cedex, para que no se diera la situación actual de conflicto. Urbina subrayó que lo que saldrá de todo esto es un decreto técnico que no podrá modificar la legislación esencial.