Trece detenidos por tráfico de personas en Albacete y Murcia

La Guardia Civil ha detenido a trece personas e investigado a otras seis por organización criminal internacional dedicada a la inmigración irregular a través de procedimientos de contratación en origen. Así como de explotación laboral, falsificación de documentos mercantiles, estafas y fraudes a compañías de seguros y en subvenciones públicas.

La operación “BOMVOYAGE”

La investigación se inició cuando la Guardia Civil detectó posibles irregularidades en la gestión de las autorizaciones de residencia temporal y de trabajo. Permisos hechos a través de gestión colectiva de contrataciones en origen (GECCO) de una empresa agrícola ubicada en de la localidad de Hellín en Albacete.  

En la primera fase de esta operación se han realizado tres registros en la localidad de Albacete, y otro en Alhama de Murcia, donde se ha confiscado documentación, material informático y tecnológico, así como productos financieros entre los que destacan el bloqueo de quince cuentas bancarias.

En seguida, la Guardia Civil y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Albacete han realizado una inspección conjunta tanto en la empresa como en los alojamientos, constatando indicios de explotación laboral y la obstrucción de los derechos básicos del trabajador.

Durante la inspección y en las entrevistas mantenidas con los inmigrantes, confirmaron cobros indebidos, el aislamiento e insalubres condiciones de vida en los alojamientos e incluso la falta de comida.

Cobro de comisiones ilícitas

Durante la operación se pudo averiguar que el proceso de selección en Senegal y Marruecos estaba preparado y que los elegidos habrían pagado entre 4.000 y 6.000 € para la organización criminal que contaba con una amplia estructura. Realizando asesoramiento jurídico, la presencia de captadores en Senegal y Marruecos y gestores de los contingentes en España. Mientras los líderes también ejercían de “facilitadores” en los diferentes países a través de una impecable reputación ante las autoridades públicas.

Asimismo, los agentes constataron que una vez los inmigrantes llegaban, si no querían cumplir con el contrato o no querían regresar a su país, la organización les ofertaba vivienda y trabajos agrícolas precarios e incluso la regularización administrativa. En cambio, aquellos que sí querían trabajar, les explotaban laboralmente, ya que la organización aprovechaba la situación de vulnerabilidad de los migrantes para obligarles a agotadoras jornadas de laborales. 

Para ello, los presuntos autores cobraban comisiones de 4.000 y 12.000 €. De esta manera aprovechaban la legalidad de la introducción de las personas para hacerlo de forma ilícita. Se han detectado más de trescientos posibles casos en los últimos tres años.

Apenas 200€ para sobrevivir

Además, los delincuentes aplicaban múltiples deducciones ilícitas de su nómina, quedando el salario en apenas 200 € mensuales. Igualmente, les obligaban a firmar documentos desconociendo completamente su contenido e incluso a contratar servicios bancarios o de telefonía obtener comisiones.

Por otra parte, la organización también hacía negocio con los alojamientos donde vivían los inmigrantes. Los detenidos alquilaban instalaciones hoteleras o grandes fincas con alta capacidad de alojamiento, aisladas y en desuso, alterando los contratos para inflar los precios y así obtener mayores subvenciones públicas.

Medias urgentes para la inclusión

Por las condiciones insalubres en la cual vivían los inmigrantes ha realizado un procedimiento de urgencia para satisfacer sus necesidades básicas. Se ha contado con el participado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de las Naciones Unidas para la promoción de la migración que colabora con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Asimismo, los agentes de seguridad han colaborado con la Subdelegación del Gobierno de Albacete y sigue investigando contratos y expedientes de personas en situación irregular en diferentes provincias. De igual manera, se investigan, junto con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, contratos fraudulentos a personas en situación irregular en España.