Algo más que democratizar la Justicia

¿Amnistía? Los jueces del Supremo se sublevan contra esa norma. Ya Aznar dijo aquello de «el que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte y el que se pueda mover, que se mueva». Y buena nota ha tomado de ello Núñez Feijóo: tras la aprobación de esa ley en el Congreso, afirmó que haría todo lo posible por eliminarla. Así que los jueces del Supremo, meros brazos ejecutores de la pretensión de Feijóo de adelantar su ‘aterrizaje’ en la Moncloa, han movido ficha y declarado no amnistiable el delito de malversación de caudales públicos de la causa del procés, lo que implica el mantenimiento de las órdenes de detención de varios exconsellers y el no levantamiento de la inhabilitación a Oriol Junqueras, Turull, Romera y Basa, al entender que sí hubo enriquecimiento personal de carácter patrimonial.

Situación que ha sido puesta en cuestión, una vez más, por el reputado constitucionalista Javier Pérez Royo. En artículo reciente se pregunta si es posible justificar con alguna de las reglas de interpretación de obligado cumplimiento el auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo respecto de la no aplicación de la amnistía por el delito de malversación. Pérez Royo se remite a los preceptos de la ley de amnistía relativos a ese delito, en su artículo 1º, apartados a y b, para concluir que su interpretación literal es clara, de ahí que la Sala Segunda tenga que adulterar la expresión ‘propósito de enriquecimiento’. Según él, en la ley, en ningún caso, se ha contemplado la posibilidad de que con el patrimonio privado de nadie pudiera hacerse frente a la celebración de las consultas que tuvieron lugar el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017. Por su parte, Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la UAM, en declaraciones al diario Público, tilda la actuación de estos jueces del Supremo a un paso de la insubordinación: «La ley es clara y dice que se debe aplicar la amnistía. El Supremo retuerce las palabras para armar un argumento insalvable».

El Supremo prevé llevar al TC la ley de amnistía, al ser el único que puede determinar si es constitucional

Está claro que el Supremo lanza un pulso al Poder Legislativo y al Gobierno, pues sus señorías anteponen su ideología y el servicio a sus ‘amos’ de la derecha a criterios políticos; su decisión anticipa lo que se preveía: que serán el Tribunal Constitucional (TC) y la Justicia europea quienes determinen el alcance de la norma. Esta situación kafkiana nos demuestra que la tan cacareada separación de poderes está lejos de ser una realidad en esta democracia española tan renqueante en muchos aspectos. Una reciente encuesta nos dice que un 60% de la población española desconfía de los jueces, pues muchos magistrados se han apuntado al ‘deporte nacional’ de la prevaricación. Por ello, se impone la democratización del acceso a la judicatura, una auténtica carrera de obstáculos en la que la extracción social de origen juega un papel fundamental, negando ese acceso a quienes tienen escasas posibilidades económicas, con un proceso selectivo, además, básicamente memorístico.

Ese sesgo conservador de la magistratura facilita que, en el fondo, lo que subyace en este pulso que el sistema judicial está emprendiendo contra los otros dos poderes del Estado es una clara puesta en escena por la que sus señorías -«La Toga Nostra» en expresión de Puigdemont- se aprestan, como decía arriba, a facilitar la llegada de Núñez Feijóo a la Moncloa.

Esta situación parece clara a los ojos de cualquiera observador. Pero ¿y si todo fuera, en efecto, una puesta en escena? Porque lo que no parece tan claro es a qué juega el PSOE, el socio mayoritario del Gobierno de coalición. Si tras los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez este denunciaba el lodazal en que se ha convertido la política española, por mor del acoso de la derecha extrema y la extrema derecha, dicha afirmación no casa demasiado con el ‘abrazo del oso’ del PSOE con la derecha, pactando con el PP la renovación del CGPJ y la futura norma para la elección de los magistrados, despreciando a la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno, que podría haber auspiciado unos cambios más acordes con esa mayoría.

Siendo consciente, pues, de las limitaciones del social-liberalismo que practica el PSOE, parece claro que la sociedad española está necesitada, como advertía en uno de mis recientes artículos, de que la izquierda del PSOE (Sumar, Podemos, IU, Equo, los movimientos sociales…) sea capaz de articular un Frente Amplio, o como queramos llamarle, que, con clara vocación republicana, dé los pasos convenientes, no solo para democratizar el Estado sino para la superación misma de este Régimen del 78, pues parece que los dos grandes partidos, en una especie de nuevo ‘turno [no tan] pacífico’, como en la época de Cánovas y Sagasta, se muestran dispuestos a apuntalar este régimen que, por lo expuesto, claramente ‘hace aguas’. 

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