Menores, smartphones y pornografía

Internet no es malo en sí mismo, al igual que el mundo físico. Ambas esferas de nuestra realidad reflejan las bondades y maldades del ser humano, con la diferencia de que en el entorno digital es más fácil evadir las normas y leyes debido a su naturaleza global y la inmediatez del acceso.

Numerosos estudios han demostrado que, en los últimos diez años, los menores acceden cada vez más temprano a los smartphones. Esta tendencia les ha permitido acceder, sin control, a contenidos pornográficos, tanto a través de páginas web como de redes sociales. Hasta ahora, la reacción de legisladores, padres y la sociedad en general ha sido insuficiente. La educación de nuestros niños y adolescentes parece ser un tema ignorado, con miradas desviadas hacia otros problemas.

Recientemente, el Gobierno español ha lanzado la app ‘Cartera Digital Beta’, que estará disponible a partir de septiembre, con la intención de restringir el acceso de menores a contenidos pornográficos. Sin embargo, esta aplicación nace condenada al fracaso, ya que incluso el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, José Luis Escrivá, durante la presentación de la app, admitió que jóvenes con conocimientos en tecnología podrían eludir los filtros fácilmente. Y, en esto, tiene razón. Por ejemplo, como la app solo bloquea webs que operan desde España, con cualquier VPN de uso gratuito, en cuatro clics se puede evitar cualquier restricción. Y esto, nos lleva directamente a otra cuestión clave: ¿Qué sucede con la mayoría de plataformas de pornografía que operan en servidores de todo el mundo? Pues, nada. Eso es lo malo, que van a seguir campando a sus anchas, puesto que la app que propone el Gobierno español solo bloquea contenido de webs españolas, dejando sin control las webs internacionales, que son las más visitadas.

Esta situación plantea la pregunta: ¿Qué estamos haciendo realmente para solucionar este problema? Las respuestas actuales parecen ser meros parches, soluciones de cara a la galería. En lugar de medidas efectivas, mediante leyes competentes se opta por aplicaciones que no abordan la raíz del problema.

Establecer una legislación que obligue a todas las plataformas de adultos a cobrar por el contenido pornográfico, incluso si el costo es simbólico, podría ser una medida más efectiva. Esta restricción dificultaría el acceso de menores a dichos contenidos, ya que necesitarían una tarjeta de débito o crédito para registrarse. Además, prohibir que las redes sociales muestren estos contenidos, con multas severas en caso de incumplimiento, reforzaría esta protección.

Una investigación reciente realizada por The Wall Street Journal ha constatado que Instagram, una de las redes sociales más populares entre los jóvenes, recomienda contenido sexual a menores de 13 años. Esta situación es alarmante y demuestra la necesidad de medidas más estrictas y efectivas para proteger a los menores en el entorno digital.

Si somos capaces de hacer que se cumpla en todo el entorno europeo el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) y la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos), ¿por qué es posible proteger nuestros datos personales y no a nuestros niños? Me pregunto: ¿son más importantes los datos que la salud mental de los menores de edad? Parece ser que sí. Es una verdadera lástima, invertimos valores y prioridades y luego nos escandalizamos de muchas cosas que pasan, cuando simplemente estamos recogiendo lo que antes hemos sembrado.

En lugar de soluciones superficiales, es necesario abordar el problema de raíz. La educación de los menores sobre el uso responsable de internet y la implementación de leyes estrictas son fundamentales. La labor fundamental recae en el Gobierno, que debe hacer leyes que protejan al menor. Además, los padres, si no lo han hecho ya, deben asumir un rol más activo en la supervisión del uso de tecnología por parte de sus hijos.

En conclusión, la situación actual exige una acción más decidida y eficaz. Proteger a nuestros menores del acceso a contenidos inapropiados en Internet es una responsabilidad que debe asumir seriamente el Gobierno para dar una respuesta eficaz que sea capaz de garantizar un entorno digital seguro para las futuras generaciones. n

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