Orgullo y derechos LGTBIQ+

La minoría parlamentaria del PP en el periodo 2015-19 posibilitó la aprobación de una serie de leyes que hicieron avanzar a la Región de Murcia en derechos sociales y democráticos de manera significativa; leyes que no se hubieran impulsado por una mayoría conservadora, como ha demostrado ampliamente la falta desarrollo de las mismas y su incumplimiento flagrante por parte de los sucesivos gobiernos populares. 

Así ha ocurrido con la modificación de la ley de vivienda o de la ley para la Igualdad entre hombre y mujeres o con la propia ley de recuperación y protección del Mar Menor, que tiene los días contados. En idéntica situación está la ley 8/2016 de igualdad social de personas LGTBI, amenazada también, además, por la intolerancia homofóbica de Antelo y los suyos. 

Así, por ejemplo, se tardó cinco años en regular el Observatorio Regional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género y casi otro más en constituirse sin integrar, además, en aquel momento, a los colectivos LGTBIQ+. Tras un breve recorrido, en esta legislatura ha entrado, de nuevo, en ‘stand-by’. Consecuentemente, tampoco ha elaborado ni remitido a la Asamblea Regional el informe anual preceptivo que cada año debe realizar para evaluar el grado de cumplimiento de la ley y su impacto social. Como tampoco se han elaborado el protocolo de atención integral a las personas intersexuales ni el Plan Integral sobre Educación y Diversidad LGTBI ni el protocolo de prevención de comportamientos y actitudes discriminatorias por homofobia, lesbofobia, bifobia y/o transfobia dentro de las medidas que la ley marca en el ámbito educativo.

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Pero la homofobia de Antelo va más allá, no se conforma con impedir una declaración institucional en la Asamblea Regional o reducir las exiguas partidas presupuestarias de los dos únicos programas existentes de políticas LGTBIQ+, apunta directamente a derogar la ley, lo que supone ir directamente contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos (arts.2 y 7), contra la CE y contra la legislación estatal existente. Derogar, incumplir o no desarrollar esta ley implica anular la garantía del cumplimiento de los derechos de las personas LGTBIQ+ que la misma otorga a las administraciones públicas en el ámbito de nuestra Región.

P.D: El caducado Consejo General del Poder Judicial recoge en un reciente informe que entre 2002-2021 la orientación o identidad sexual ha sido el motivo más frecuente en los delitos de odio en España. 

Toma nota, Fernando.

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