El Presupuesto de 2024 de Murcia sale adelante con fuertes críticas de la oposición

El PP de Murcia hizo valer ayer, una vez más, su mayoría absoluta para sacar adelante, de manera definitiva, el documento contable más importante del Ayuntamiento: el Presupuesto de 2024, que llega con 6 meses de retraso, con respecto a lo marcado en la Ley de Haciendas Locales, pero mucho antes de lo que estábamos acostumbrados en los últimos años, cuando las cuentas llegaban al Salón de Plenos entre septiembre y diciembre, con el año casi vencido. 

Las cuentas, cuyos ingresos superan los 500 millones de euros y cuentan con un superávit de 10 millones de euros, sólo recibieron los votos favorables del Grupo Popular. Tanto el Grupo Socialista como el de Vox justificaron su voto en contra argumentando que el Presupuesto no tiene en cuenta el remanente negativo de tesorería que se eleva (con datos de la liquidación de 2023) a 76 millones de euros. 

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Para el portavoz del Grupo Socialista, Ginés Ruiz Maciá, «no es casualidad» que la aprobación definitiva de las cuentas de 2024 se haya llevado a cabo antes que la dación de cuentas de la liquidación de 2023. «De haberse aprobado primero la liquidación del presupuesto de 2023, los de 2024 tendrían que haber incluido un superávit de 83 millones de euros», algo completamente inviable. Para el portavoz socialista, las cuentas de este año son poco menos que una fantasía, «un taco de folios para calzar mesas; no nos vale absolutamente para nada», al no haber tenido en cuenta esos remanentes negativos.

Por su parte, el Grupo de Vox fue mucho más allá y aseguró que lo aprobado ayer es un auténtico «escándalo». En este sentido, el portavoz de la formación de Santiago Abascal, Luis Gestoso, llamó la atención sobre un reciente informe de Intervención en el que se asegura que el expediente del presupuesto (aprobado inicialmente el pasado mes de abril), «fue objeto de modificaciones y alteraciones en su contenido, incluida la anulación de documentación preceptiva, y ello con posterioridad a la emisión de los informes de control». Y citó, entre los documentos que desaparecieron del expediente, el informe económico-financiero, el anexo de inversiones, las bases de ejecución o la estructura presupuestaria. 

Desde Vox destacan que, tal y como recuerda la interventora en su informe, tras cualquier alteración o modificación que pudiera sufrir el expediente, este debe ser sometido nuevamente a Intervención, y antes de que sea elevado para su aprobación a los órganos competentes (Junta de Gobierno y Pleno), y, en caso de no hacerlo, «el acuerdo que se adoptase podría resultar viciado de nulidad de pleno derecho». 

Por todo esto, Vox pidió la dimisión del concejal de Gestión Económica, José Francisco Muñoz, y anunció que va a poner en conocimiento del Tribunal de Cuentas «este escándalo para que dictamine sobre las irregularidades detectadas por la interventora y tenga conocimiento de la dificultad a la que se somete a los altos funcionarios de esta institución, que velan por el correcto funcionamiento de la Administración, por la transparencia y por la garantía del cumplimiento de la ley», advirtió Gestoso. 

Quien sí defendió las cuentas municipales fue, obviamente, el concejal de Gestión Económica, José Francisco Muñoz, que las describió como «el presupuesto de la transformación». Además, aseguró que servirán para proteger la prestación de servicios públicos y financiar los grandes proyectos estratégicos del PP en Murcia. 

Además, José Francisco Muñoz sacó pecho de su gestión para hacer frente a los remanentes negativos del año 2022, que ascendían a 31 millones de euros, de los que 20 se cubrieron con la solicitud de un préstamo de legislatura y los 10 restantes, con los 10 millones ese superávit que contemplan las cuentas para este año.

En cuanto al agujero de 76 millones del año 2023, reconoció que adoptarán «medidas correctoras», como las que ya se están llevando a cabo, a través de la revisión de contratos que estaban pendientes de licitación y cuyos pliegos se han modificado a la baja para generar ahorros económicos y «ajustar su importe a la verdadera capacidad económica» del Consistorio.