Ratifican la querella contra dos concejales del Ayuntamiento de Murcia por su responsabilidad en la tragedia de Atalayas

El abogado de los familiares de dos de las trece víctimas mortales en el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros el pasado 1 de octubre, José Manuel Muñoz, ha ratificado este miércoles, en la Ciudad de la Justicia, la querella contra el actual concejal de Planificación Urbanística, Antonio Navarro (PP), su antecesor en el cargo, Andrés Guerrero (PSOE), y tres funcionarios municipales: el jefe de servicio de Disciplina de Actividades, el de Prevención de Incendios y un inspector del Servicio de Obras, por permitir, según los demandantes, que los locales siniestrados siguieran funcionando a pesar de no cumplir con las medidas de seguridad básicas y de tener varias órdenes de cese de la actividad.

Según Muñoz, el órgano garante de que se cumplan las medidas de seguridad es el Ayuntamiento y "cada vez más, conforme se suceden los testimonios y se sigue investigando, estamos comprobando que esas normas de seguridad estaban siendo incumplidas con el beneplácito del Consistorio". El letrado destaca el último testimonio ofrecido por el ingeniero encargado de dividir el espacio de Teatre en dos. "Dijo que antes de hacer el panel divisorio entre las dos discotecas pidió informes por escrito al servicio de Prevención de Incendios, que le dio el visto bueno a realizar esa actuación, con dos puertas que comunicaban ambos espacios y que funcionarían como puertas de emergencias, pero esos accesos nunca pueden ser considerados puertas de emergencia, y hacerlo y permitirlo es una grave irregularidad".

Otro incumplimiento supuestamente permitido, que se estableció con la división del espacio, está vinculado con el número de escaleras. "Cuando era sólo Teatre sí había tres escaleras, pero cuando divides el local, Fonda Milagros se queda con una escalera, cuando por aforo debía tener dos, pero dieron el visto bueno a esas actuaciones", explica José Manuel Muñoz, que refiere otras irregularidades como el recorrido de evacuación de se extendía cerca de 60 metros, cuando el límite establecido por ley es de 25 metros para llegar a una zona segura.

Cabe recordar que esta querella se presentó en un primer momento ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia, que la admitió a trámite. Después, este juzgado se inhibió en favor del número 3. A partir de ahora, la juez deberá tomar una decisión: si practica las diligencias de investigación, archiva la causa o si rechaza la inhibición del primer juzgado y le devuelve la denuncia.

Fuentes del equipo de Gobierno popular han recordado, que el Ayuntamiento de Murcia ha aportado todos los expedientes administrativos referentes al incendio de la discoteca en la zona de ocio de Atalayas," tal y como ha certificado la juez instructora de la causa de forma reiterada en diferentes autos". Por otra parte, el Ejecutivo popular señala que "a la vista de la investigación y de la documentación obrante en autos, hasta en dos ocasiones la juez ha señalado de forma contundente la inexistencia de las mínimas sospechas razonables de que las acciones de los responsables del Ayuntamiento de Murcia sean constitutivas de lícito penal, rechazando así la apertura de una pieza separada".