Un menor con parálisis cerebral y su familia, al borde del desahucio en Aljucer

El juzgado ha ordenado el desalojo para este viernes y se ha negado a que se realice el informe de vulnerabilidad

"El niño tiene que estar conectado a un nebulizador o puede morir", advierte la abogada de los afectados

El juzgado quiere dejar en la calle a una familia con un menor con una discapacidad del 80 por ciento

El juzgado quiere dejar en la calle a una familia con un menor con una discapacidad del 80 por ciento / Israel Sánchez

Alejandro Lorente

Alejandro Lorente

Si nada lo remedia en las próximas horas, una vecina de Aljucer, madre de dos hijos, una joven de 18 años y un menor de 16 años con parálisis cerebral, con una discapacidad reconocida del 80 por ciento (asistido por un nebulizador y alimentado con sonda) se verán en la calle. El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Murcia ha ordenado, por segunda vez, el desahucio de Mariana Petrova, una mujer de 40 años que vive desde hace cinco años en el número 8 de la calle pintor José María Párraga de esta pedanía murciana. Según ha podido saber esta Redacción, tras separarse de su pareja (que tiene una orden de alejamiento vigente hasta diciembre), esta mujer no pudo hacer frente a los pagos del alquiler, una situación que se extendió durante dos años. "Hace un tiempo empecé a retrasarme con el alquiler, (400 euros al mes) me estaba separando, no tenía ningún ingreso por ningún lado, y cuando me recuperé económicamente mi casero ya no aceptaba mi dinero y ya me había demandado", explica Mariana Petrova, que añade que incluso algunos de sus vecinos han intentado hablar con el casero y se han ofrecido a ayudar económicamente. Además, tampoco ha tenido acceso a la ayuda al alquiler, ya que, según explica, se requiere el certificado de cuenta del casero, "pero se ha negado, no me lo da".

Hace un mes ya se intentó ejecutar la orden de desahucio. "Llegó la comisión judicial con una patrulla de Policía y me dijeron que abriese la puerta, pero en ese momento estaba cuidado a mi hijo que está en cama, con tratamiento con nebolizador y antibióticos, y quise llamar a mi abogada, que estaba de camino, pero en ese momento la procuradora se puso gritar que dejara el móvil y dio la orden para forzar la puerta", explica la mujer, que cuando empezaron a dar golpes en la puerta su hijo se mordió la lengua. Cuando accedieron a la vivienda, la comisión judicial comprobó la situación del menor y decidió aplazar un mes el levantamiento, que se ejecutará mañana viernes a las 11.30 horas.

El menor de 16 años necesita estar conectado a un nebulizador para recibir el tratamiento

El menor de 16 años necesita estar conectado a un nebulizador para recibir el tratamiento / Israel Sánchez

Asegura Mariana Petrova que lo único que está pidiendo es tiempo para encontrar un nuevo hogar. "No soy rica, pero para pagar un alquiler sí tengo, estoy buscando, esta misma tarde iré a ver otro piso", indica esta vecina, que asegura que en este momento es beneficiaria de una pensión por la discapacidad de su hijo y de la Renta Activa de Inserción (RAI), 480 euros al mes. Por otra parte, en el poco tiempo que tiene por tener que cuidar a su hijo, limpia por horas en algunas casas. Ante la inminencia de la ejecución y con el objetivo de conseguir un aplazamiento, mañana se reunirán en su domicilio vecinos, amigos y miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), como el sacerdote Joaquín Sánchez.

Mariana Petrova (Dch.) en su domicilio en la calle José María Párraga de Aljucer.

Mariana Petrova (Dch.) en su domicilio en la calle José María Párraga de Aljucer. / Israel Sánchez

La abogada de la mujer, Mireya Pino, no entiende la posición del juzgado que se ha negado a autorizar la redacción del informe de vulnerabilidad, que podría aplazar el levantamiento hasta el mes de diciembre como mínimo. Explica la letrada que los servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia no pueden remitir el informe sin que el juzgado lo solicite. "El juzgado me dijo que no, que nos teníamos que atener al desahucio, me parece algo incoherente porque no encontramos ante una situación extrema; ella no tiene familia, no tiene alternativa habitacional y el niño tiene que estar conectado, de lo contrario puede morir".

Por su parte, el sacerdote Joaquín Sánchez, cree que la responsabilidad no puede recaer en el casero y pone el acento en la gestión y la responsabilidad de la administración pública, que debe ofrecer, a través de los servicios sociales, algún recurso provisional, sobre todo en estos casos. Recuerda este destacado miembro de la PAH que la mujer "se ha dejado la vida buscando una vivienda, pero no la ha encontrado todavía, y está viviendo una situación angustiosa". Al igual que a la letrada, le extraña que con un menor involucrado, "con una discapacidad tan enorme, encamado y sin movilidad ninguna, no se considere una situación vulnerable, cuando es un caso flagrante".