El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el PSOE de La Unión contra la validez de un voto otorgado al PP que presentaba un aspa dibujada a mano junto al nombre del primer candidato y que los socialistas consideran que se tenía que haber considerado como nulo. Si esta papeleta no se hubiera dado por válida, el PP no hubiera obtenido la mayoría absoluta para gobernar en solitario el ayuntamiento de La Unión (nueve concejales), debido a la ley D'Hont, ya que el último edil lo logró por un sólo voto de diferencia con el PSOE.
Según informaron a este periódico fuentes del PSOE de La Unión, el recurso ante el Tribunal Constitucional fue presentado nada más conocerse la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia de considerar válido el voto en cuestión, que tuvo lugar el pasado viernes. Es la última baza que pueden jugar los socialistas para tratar de evitar que los populares gobiernen el municipio con mayoría absoluta en los próximos cuatro años.
En la resolución del Constitucional, a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN, la instancia jurídica se compromete a emitir una decisión sobre el caso. La admisión a trámite del recurso de los socialistas unionenses no evitará, sin embargo, que el alcaldable del PP, Francisco Martín Bernabé, sea investido hoy viernes como alcalde de La Unión.
La pugna por el ya famoso 'voto del aspa' se inició en la misma noche electoral del 27-M. Los interventores del PSOE pidieron al presidente de la Mesa que no diera validez al voto porque consideraban que el aspa dibujada tachaba el nombre del primer candidato popular.
La Mesa Electoral admitió la papeleta como válida y los socialistas recurrieron entonces a la Junta Electoral de Zona y a la Junta Electoral Central, que se pronunciaron en contra de los socialistas al considerar que el aspa dibujada sobre la papeleta no implicaba una intención del elector de tachar el nombre de algún candidato.
El último recurso del PSOE fue ante el TSJ, donde presentó un contencioso electoral. De nuevo la máxima institución jurídica de la Región le dio la razón al PP y rechazó la demanda socialista, una decisión avalada tanto por el Ministerio Fiscal como por la Abogacía del Estado.
