Inspecciones en los comercios para vigilar que las rebajas cumplen la normativa legal

El Servicio de Inspección de Comercio Interior de la Comunidad inicia este lunes una campaña extraordinaria de inspecciones en los comercios para vigilar el cumplimiento de la normativa que regula las rebajas.

Según anuncia la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa, la campaña se desarrollará en los establecimientos comerciales que han iniciado rebajas u otro tipo de ventas promocionales por toda la Región de Murcia, especialmente en las zonas de costa por su alta afluencia turística.

Se desarrollará durante los meses de julio y agosto con el objetivo de supervisar básicamente las características y requisitos que deben respetar este tipo de ventas, especialmente en cuanto a la información o publicidad de las mismas.

El director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez, ha recordado que los comercios están obligados a “indicar las fechas de comienzo y final de las rebajas o a consignar junto al precio habitual, y sin superponerlo, el precio rebajado en cada uno de los productos”, entre otras normas.

Asimismo, para evitar que el consumidor pueda ser inducido a error o confusión, los inspectores también revisarán que en la tienda exista una separación física entre los productos con descuento y los que no están sujetos a oferta, “al tiempo que chequearán que la información difundida con fines publicitarios se ajusta efectivamente a las características y precios de los artículos promocionados”, señaló Gómez.

El director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales también recordó que los comercios tienen la obligación de informar a los clientes y poner a su disposición, en su caso, las hojas de reclamación reglamentarias.

La campaña impulsada para los meses de verano se centra en garantizar que los productos ofertados preservan su calidad, pese al descuento aplicado en los precios, y que “esta práctica promocional no suponga un menoscabo en los derechos y garantías de las personas consumidoras, mejorando así la competitividad en el sector comercial”, señaló Gómez.