Los regantes le dan solo tres años de vida al trasvase Tajo-Segura

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, manifestó este viernes que las nuevas reglas de explotación del Trasvase, recogidas en el Plan Hidrológico del Tajo, pueden conocerse de forma inminente y suponer «el fin del agua para el regadío al Levante» en tan solo tres años, lo que se puede traducir en «la desaparición de la mitad del regadío del Levante».

«Las nuevas normas de explotación podrían salir antes del verano, lo que quiere decir que, de ser reales las filtraciones que a mí me llegan, podríamos estar hablando del fin del agua para el regadío al Levante en el año 2027», denunció el presidente con rotundidad durante un acto previo a la Asamblea General Ordinaria del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

Sin el Trasvase, la autosuficiencia de la Región no sería posible

Jiménez puntualizó que si en tres años no están terminadas las obras de la desalación, y según algunas voces de la administración, se podría llegar a «la desaparición de la mitad del regadío del Levante» y que «en el peor de los escenarios, la situación no se podría salvar con agua desalada», según el propio Plan de Cuenca del Segura, que señala un déficit hídrico de 400 hectómetros cúbicos frente a los 200 actuales solo con esa fuente de agua.

«Las comunidades de regantes se pueden ver sin agua desalada y sin agua del Trasvase y esto, aunque parezca mentira, está en la mente de los legisladores a día de hoy. Esto se está pensando y se está tramando y vuelvo a decir que puede que antes del verano podamos saberlo», añadió.

El cambio en las reglas supondría aumentar los caudales ecológicos en la cabecera del Tajo limitando los aportes al Levante, unas modificaciones que se pueden precipitar porque la Comunidad Valenciana, de cara a sus elecciones hace un año y sin presentar ningún informe técnico, envió una demanda sin contar con el resto de organizaciones que hizo posicionarse al Tribunal Supremo el pasado 7 de junio, cuando desestimó el recurso que la Generalitat había interpuesto contra la nueva planificación hidrológica, «tirando para atrás sus pretensiones», apuntó el líder agrícola.

Por otro lado, Jiménez afirmó que las nuevas normas son «el secreto mejor guardado» y que Castilla-La Mancha sabe algo que los demás desconocen, después de que la consejera de Medio Ambiente de esa comunidad, María Mercedes Gómez, dijera esta semana que el Gobierno de España «valora muy positivamente» las solicitudes castellanomanchegas de rebajar el volumen de agua a trasvasar para el regadío. Peticiones a las que, si se accede, pueden suponer una modificación encubierta en puntos esenciales de la legislación que ampara el trasvase.

«¿Eso es una pretensión de Castilla-La Mancha?, ¿es una invención de Castilla-La Mancha?, lo dudo, creo que ellos saben algo que nosotros no conocemos y que, por desgracia, vamos a saber pronto», puntualizó.

Entre las demandas de la comunidad vecina se encuentran, por un lado, las de rebajar el volumen de agua a trasvasar para el regadío de Alicante y Murcia, dando prioridad a la cuenca cedente para garantizar los caudales ecológicos del Tajo y, por otro, que la cuenca receptora opte por la desalación para la agricultura.

Demandas y recursos

Ante esta amenaza inminente, Jiménez reveló que las comunidades afectadas están preparando demandas y recursos legales para impugnar las modificaciones propuestas en las reglas de explotación. También subrayó la necesidad urgente de que el Ministerio y las comunidades autónomas actúen para detener lo que considera una «locura política».

Jiménez también se pronunció sobre el año hidrológico, que termina en septiembre, afirmando que ha arrojado resultados positivos para el Trasvase Tajo-Segura, «con los embalses en nivel 2» y con previsión de que sigan así hasta el final del periodo. Aunque no todo son buenas noticias porque, según apuntó, el Levante continúa enfrentando dificultades significativas. La cuenca del Segura, vital para el regadío regional, se encuentra en una situación alarmante, así como el secano extremo, que acumula en dos años 289 millones de euros en pérdidas.