El CES considera deficiente la consulta de la ley de Bienes de Interés Turístico

El Consejo Económico y Social (CES) da un tirón de orejas al Ejecutivo regional por las deficiencias de la consulta que ha realizado Turismo para elaborar el decreto que regulará la declaración de ‘Bien de Interés Turístico’, una distinción que fue concebida por el Ejecutivo regional para fomentar el atractivo de ciertos productos o eventos de la Región que están muy identificados con la cultura y la historia de los municipios de origen. El pastel de carne fue uno de los ejemplos que puso el Gobierno cuando anunció la decisión de elaborar una Ley de Bienes de Interés Turístico de la Región de Murcia, cuyo objetivo es potenciar las singularidades con mayor proyección turística para atraer visitantes todo el año.

Advierte de que «esta situación refleja una oportunidad perdida para enriquecer el anteproyecto con ideas y sugerencias provenientes directamente de los actores del sector turístico».

Aunque reconoce que el texto ha sido sometido a consulta pública y que «el trámite administrativo se ha cumplido», detecta «una omisión relevante en el proceso», al no haberse consultado a los sindicatos. Además «constata que las respuestas recibidas son escasas y, en su caso, con muy pocas propuestas para corregir los contenidos, lo que constituye un déficit participativo que pudiera menguar la eficacia de la norma», según se indica en el dictamen que el CES ha dado a conocer este lunes.

Añade que «sería conveniente preguntarse las razones» por la que esta consulta ha tenido tan poco éxito. «Quizá el plazo que se concede es insuficiente, tal vez falta una comunicación clara sobre el proceso de consulta o existe la percepción de que las contribuciones no serán consideradas adecuadamente».

Para el consejo, la consecuencia de ignorar a los sindicatos «en el proceso de consulta puede resultar en una ley que no contemple adecuadamente las realidades laborales y empresariales del sector, comprometiendo su efectividad y aceptación».

También apunta que «la declaración de tales bienes debería realizarse con prudencia, para evitar que la proliferación menoscabe su capacidad de atracción y el interés derivado de la singularidad».

Por otra parte, señala que «un estudio riguroso de costes y la previa consulta a los operadores del sector turístico y a los agentes sociales se precisarían también antes de que el consejero ejerza la facultad que le confiere la nueva disposición, de actualizar las cuantías mínimas de los seguros de responsabilidad civil previstos en la Ley de Turismo de 2013».

El CES también se queja a la Consejería de Turismo del poco tiempo que le ha dado a este órgano para poder elaborar el dictamen sobre el texto legislativo. Aunque admite que el Ejecutivo ha cumplido el plazo legal de 15 días, recuerda que resulta insuficiente para elaborar un dictamen. El departamento de Carmen Conesa le responde que el CES se ha tomado más de un mes para valorar el texto legal, dado que la Consejería le envió el anteproyecto el 9 de mayo y el dictamen fue emitido el 19 de junio.