Pérdidas de 289 millones en el secano extremo por la sequía en dos años

Frenar las pérdidas de 289 millones euros y el avance de la desertificación han sido los principales objetivos de la reunión mantenida en Madrid por la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, con el secretario general de COAG, Miguel Padilla, así como los máximos responsables de ASAJA, UPA, y las principales cooperativas agroalimentarias de España.

“La sequía extrema que sigue afectando a la Región de Murcia encara su tercer año consecutivo y requiere de soluciones inmediatas tanto desde el punto de vista agrario, para salvar plantaciones, como medioambiental, para evitar el avance de la desertificación por abandono de tierras”, ha apuntado Rubira durante el encuentro.

La consejera aprovechó para incidir en que no solo la agricultura se ve afectada por la falta de agua sino que también la ganadería extensiva está en la cuerda floja por el “aumento de costes de alimentación del ganado, lo que, unido a unos márgenes de producción tan ajustados, pone en peligro la viabilidad de las explotaciones”.

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Por su parte, Padilla ha expresado a La Opinión que uno de los temas más preocupantes que han puesto sobre la mesa es la evapotranspiración, insistiendo en que “se está yendo la humedad del suelo y eso agudiza la sequía”. Para combatirla, han propuesto “contar con el respaldo de las comunidades de la cuenca del Mediterráneo para formar un frente común y ver qué se puede hacer porque también sufren tienen dificultades muy fuertes”.

Además, Rubira recordó que “la situación es extrema” y que la supervivencia de algunos cultivos, como el viñedo, el olivar y el almendro, está en peligro: “Se están resintiendo de manera drástica por la falta de unas lluvias cada año más escasas, por lo que están en riesgo millones de plantas”.

Para impedir que la sequía siga asfixiando al sector, los asistentes a la reunión han pedido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, un encuentro urgente, además de solicitar que se declare zona catastrófica al sureste español y que se establezcan ayudas directas a las explotaciones afectadas.