Las demandas más urgentes y necesarias de los servicios sociales

La Región de Murcia se ha visto afectada en los últimos años por sucesos y situaciones (DANA, pandemia, consecuencias de la guerra en Ucrania) que han incidido directamente en los ámbitos sanitario, económico y social, este último marcado por la entrada en vigor a mediados del año 2021 de la Nueva Ley de Servicios Sociales, un servicio que atiende a los colectivos más vulnerables.

Precisamente para exponer los compromisos de los diferentes partidos políticos de la Región de Murcia en esta materia, así como las distintas necesidades a las que se enfrentan los servicios sociales en nuestro territorio, el Colegio de Trabajo Social de la Región de Murcia organizó ayer, en las instalaciones del diario La Opinión, un debate entre los representantes de estas formaciones políticas que estuvo moderado por Juan Carrión, presidente del Colegio de Trabajo Social de la Región de Murcia, y en el que participaron Víctor Egío, candidato a la Asamblea Regional por Podemos, Izquierda Unida-Verdes y Alianza Verde; Raquel Sánchez, candidata a la Asamblea Regional por Ciudadanos; Miguel Ángel Miralles, candidato a la Asamblea Regional por el PP; Antonia Abenza, candidata a la Asamblea Regional por el PSOE; y Aída Peñalver, candidata la Asamblea Regional por Vox.

El primer punto a tratar en esta mesa de debate fue la propia Ley de Servicios Sociales, en vigor desde julio del año 2021, «tan necesaria como la voluntad para aplicarla», afirmó Víctor Egío. «Una voluntad que sí ha demostrado Podemos, por ejemplo, para hacer posible la llegada a quienes lo necesitan del Ingreso Mínimo Vital, gracias en parte a la creación de la Oficina del Ingreso Mínimo Vital en el Ayuntamiento de Murcia. A día de hoy, más de 60.000 personas se ven beneficiados del IMV en la Región de Murcia», comentó el candidato a la Asamblea Regional por Podemos, Izquierda Unida-Verdes y Alianza Verde.

Egío también destacó, ante la posibilidad de contar en los próximos años con un Plan de Inclusión, de su necesidad, tan clara como la demanda por parte de la ciudadanía de medidas concretas, «como puede ser la subida del Salario Mínimo Interprofesional, limitar los precios de los alquileres, o los comedores escolares gratuitos, todas ellas impulsadas por Podemos. Además, Víctor Egío incidió en la problemática con las listas de espera a la dependencia, «y es que si la última residencia pública que abrió en la Región de Murcia tiene ya 13 años, es muy difícil que las listas de espera se agilicen».

A mediados de 2021 entró en vigor la nueva Ley de Servicios Sociales, un servicio que atiende a los colectivos más vulnerables

Por su parte, Raquel Sánchez apuntó que «siempre vamos con retraso a la hora de implementar los planes y desarrollar las reglas que hacen posible que la ley se cumpla, nos perdemos en la burocracia y en los aspectos administrativos», sumándose a la denuncia por las largas listas de espera existentes en todos los ámbitos de los servicios sociales en la Región de Murcia (discapacidad, dependencia, atención temprana). «Creemos que el desarrollo de la ley hasta ahora está siendo poco efectivo, así como la dotación económica», añadió la candidata a la Asamblea Regional por Ciudadanos.

Con respecto al Plan de Inclusión, Sánchez afirmó que no solo ha de centrarse en los colectivos más vulnerables, sino que «debe llegar a toda la ciudadanía, porque los servicios sociales deben ser próximos, sobre todo a las familias».

Así ha sido la Mesa de expertos de política social

Además de señalar la necesidad de la creación de una ventanilla única de atención familiar, Sánchez denunció la «falta de eficiencia en la gestión de los recursos económicos para la dependencia, urgiendo una financiación abierta que permita a los municipios gestionar los recursos económicos».

Miguel Ángel Miralles, quien destacó que fue el PP quien impulsó esta Ley de Servicios Sociales, señaló que «a día de hoy se sigue trabajando con todos los sectores implicados (agentes sociales, tercer sector, Federación de Municipios, colegios profesionales, etc.), habiéndose cumplido casi la totalidad de la hoja de ruta prevista de esta ley desde su aprobación. «La estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social se debe elaborar de la mano del tercer sector y los colegios profesionales, como el caso del Colegio de Trabajadores Sociales. En cuanto a la Ley de Dependencia, vamos a trabajar para simplificar los procedimientos de valoración y asignación de las prestaciones. El problema de esta ley es la financiación, pues no se ha cumplido lo que estaba acordado, que el Gobierno de España facilitase el 50% de los fondos económicos», expresó el candidato a la Asamblea Regional por el PP.

Otra de las participantes en el debate, Antonia Abenza, respondió que «si hoy tenemos una nueva Ley de Servicios Sociales con un carácter público esencial es gracias a las casi 100 enmiendas que en su día presentó el PSOE», y que «es muy grave que llevemos casi 20 años sin un mapa ni catálogo de servicios sociales en la Región de Murcia, donde un 33,8 % de la población vive en una situación de pobreza o exclusión social, afectando a uno de cada cuatro menores.

«En el marco de nuestro compromiso social se encuentra la agilización de los trámites de las listas de espera, tramitación y concesiones de certificados de discapacidad, así como el acceso y funcionamiento en atención temprana», añadió candidata a la Asamblea Regional por el PSOE.

Por su parte, la candidata la Asamblea Regional por Vox afirmó que desde su partido político consideran «el carácter justo y la buena intencionalidad de la nueva ley, que intenta dar respuesta a las necesidades sociales y de bienestar de la ciudadanía de la Región, pero es necesario dotarla de una partida presupuestaria clara, y de una colaboración con los trabajadores sociales».

Aída Peñalver destacó la falta de una base de datos real como principal problema a la hora de impulsar el Plan de Inclusión, proponiendo «un impulso de los mecanismo legales para garantizar la prioridad de los ciudadanos españoles al acceso de ayudas sociales, el aumento de la inversión en las familias, y la promoción de la natalidad y la conciliación».

Contra la violencia de género

Uno de los temas abordados durante el debate fue la lacra de la violencia de género, así como los compromisos y vías de acción desde el ámbito político para hacerle frente. Mientras que Víctor Egío afirmó que «el negacionismo de la violencia de género y los discursos de odio no deberían tener hueco en las instituciones», Raquel Sánchez señaló que «el sexismo y las actitudes violentas contra la mujer está muy presenta a edades tempranas, y sobre todo cada vez más en las redes sociales».

Por su parte, Miguel Ángel Miralles demandó «medidas de sensibilización desde edades tempranas y la puesta en marcha del Segundo Pacto Contra la Violencia de Género», y Antonio Abenza «una nueva ley contra la violencia machista que recoja los diferentes tipos de violencia que sufre la mujer, además de dotar de recursos suficientes a los CAVI», mientras que Aída Peñalver se limitó a negar la violencia de género, prometiendo «derogar la Ley de Género y promulgar una Ley de Violencia Intrafamiliar» en caso de llegar al gobierno.

Propuestas de Trabajo Social por el bienestar ciudadano

El Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia, una corporación de derecho público de carácter representativo de la profesión de Trabajo Social cuyos principales objetivos son la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación institucional exclusiva de la misma estando sujeta a colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, presentó a finales del año pasado sus propuestas generales de Trabajo Social de cara a la próxima legislatura (2023-2027), un compromiso de más de 1.500 profesionales por la mejora y el aumento del bienestar de la ciudadanía.

Estas propuestas demandan un compromiso político, al reclamar que se mantenga una Consejería exclusiva para las políticas de Servicios Sociales, incluyendo este término en el nombre de la Consejería, así como la designación expresamente de un/a diputado/a en el respectivo grupo parlamentario con dedicación exclusiva (o principal) a las políticas de Bienestar Social.

Un Sistema de Bienestar Social cuya supervivencia pasa por el establecimiento de un mapa nítido de servicios sociales, con adecuadas ratios profesionales, consolidando el reconocimiento de los/as trabajadores/as sociales como profesionales de referencia, siendo reconocidos explícitamente como autoridad frente a agresiones en el ejercicio de sus funciones; la configuración de una cartera de derechos subjetivos y prestaciones garantizadas, común a todos los municipios de la Región de Murcia; y el impulso de la planificación y evaluación de las políticas de Bienestar Social, además del desarrollo de medidas que apoyen e impulsen la investigación social para que las políticas de Bienestar Social estén en consonancia con las realidades y necesidades que surjan.

El documento es la clara muestra del compromiso de más de 1.500 profesionales de este ámbito

Del mismo modo, estas propuestas se centran en algunas problemáticas como la lucha contra la violencia de género y la violencia doméstica (puesta en marcha del Pacto Regional contra la Violencia de Género y compromiso con su desarrollo y viabilidad), o la exclusión social (implantación del Reglamento de Renta Básica de Inserción, en especial la elaboración y desarrollo del Plan Regional de Inclusión Social).

También van encaminadas a la promoción de la autonomía personal (garantizar una atención y vida adecuada a todas las personas que lo requieran por razones de discapacidad, dependencia, personas mayores o con problemas de salud mental; y desarrollar un Pacto del Sistema de Promoción de Autonomía y Atención a la Dependencia, que haga efectivo y adecuado el derecho a la autonomía de las personas).

Por último, entre estas propuestas por el Bienestar Social se encuentra la de velar por la atención integral y satisfacción de necesidades de las familias y de menores de edad, incluyendo a las personas y familias que llegan a nuestro país buscando refugio o un futuro mejor, en claro apoyo a la infancia y las familias.