Investigación
El ciberataque masivo a las cámaras de vigilancia en hogares se inició en Cartagena
La UCO continúa visualizando grabaciones para identificar a todas las víctimas espiadas en sus casas
Agentes expertos en la lucha contra el cibercrimen de la UCO. / EP
Difundieron como material sexual las grabaciones de cámaras de vigilancia de miles de ciudadanos, muchos de ellos murcianos, como publicó en primicia La Opinión. Este ciberataque masivo comenzó en la Región: en concreto, en la ciudad de Cartagena, confirman fuentes cercanas a la investigación.
La Unidad Central Operativa (UCO), órgano central del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil, asumió la ardua tarea de analizar vídeos, muchos correspondientes a viviendas de la Región, para determinar cuántas víctimas hay. Cabe recordar que las imágenes acabaron en un chat de Telegram en el que había más de 200 personas.
Un 'agujero' en la seguridad
En el marco de las pesquisas, el Instituto Armado arrestó a una persona en la ciudad portuaria. También se produjeron otras tres detenciones en otras provincias.
Lo que habrían hecho los cibercriminales, apuntaron las mismas fuentes, fue aprovecharse tras hallar un ‘agujero’ en la seguridad de usuarios que tenían la misma contraseña para todo: tanto como para sus correos personales como para las cámaras de seguridad de sus casas.
El resultado: los criminales pudieron fisgonear en el interior de los hogares y vieron, por ejemplo, a una pareja teniendo sexo o a una mujer viendo la tele cómodamente en ropa interior en su salón. Estas instantáneas cotidianas se convirtieron en material para los ciberdelincuentes.
Con las indagaciones aún en marcha, la prioridad pasa por identificar a todas las víctimas y ofrecerles la posibilidad de emprender acciones legales.
Entre las damnificadas, además de personas particulares, están las empresas de seguridad que instalan alarmas. Los investigadores sospechan que los cibercriminales pretendían no solo lucrarse vendiendo este tipo de vídeos, sino también extorsionar a los afectados.
"Pediremos la nulidad"
El penalista y doctor en Derecho Luis Romero Santos, abogado de uno de los sospechosos, dijo a La Opinión, con motivo de la publicación en primicia del caso, que «vamos a pedir la nulidad de las actuaciones», puesto que «los agentes de la UCO, en el registro, vulneraron la intimidad de mi cliente y sus padres, los intimidaron con armas de fuego».
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