La urbanización Joven Futura, que se encuentra a caballo entre Murcia y Espinardo, y cuya tramitación había sido declarada nula por el Tribunal Supremo, lleva camino de regularizar su situación. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha abierto la puerta a esa legalización concediendo ahora el permiso que debió emitir en su día para que el proyecto urbanístico contara con todas las de la ley.
La ausencia de ese certificado de la Confederación Hidrográfica garantizando el suministro de agua para la aprobación de este complejo residencial incumplía el artículo 25.4 de la Ley de Aguas, tal y como consta en la sentencia del Tribunal Supremo dictada hace casi seis meses.
El Alto Tribunal anuló entonces la reclasificación del suelo que ocupa la urbanización Joven Futura, en la que actualmente viven más de 1.500 familias, y que también fue aprobada por la Comunidad Autónoma sin el informe favorable de la CHS, que fue solicitado por el Ayuntamiento en su día fuera de plazo (por eso no fue emitido).
El fallo de la Sala de lo Contencioso del Supremo destacaba que «los planes de las comunidades autónomas o de las entidades locales 'que comporten nuevas demandas de recursos hídricos' es tan precisa, clara y rotunda que adquiere plena virtualidad por sí misma en cuanto impone la necesidad de solicitar y obtener tal informe».
El recurso contencioso-administrativo fue presentado por un grupo de particulares contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia del 15 de noviembre de 2013 por la que se desestimaba el recurso dirigido contra la Orden resolutoria del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Comunidad Autónoma de 24 de junio de 2005, relativa a la aprobación definitiva de la modificación del PGOU, la número 50. Esta modificación permitía la reclasificación de suelo de huerta no urbanizable en urbanizable residencial de protección pública y alta densidad.
El Ayuntamiento, tras conocer esta sentencia, pidió el 9 de octubre de 2015 el pertinente informe a la Confederación, tal y como establece la ley. El organismo de cuenca emitió el certificado el 11 de febrero pasado, en el que se refleja que la urbanización tiene informe favorable en tres sentidos, según consta en el documento al que ha tenido acceso esta Redacción y que está firmado por el Comisario de Aguas de la CHS, José Carlos González Martínez. En concreto, se da luz verde en lo referente «a su incidencia sobre el dominio público hidráulico»; sobre «la disponibilidad de recursos hídricos para atender las nuevas demandas derivadas del desarrollo previsto» y en lo que respecta «a la incidencia de la actuación sobre el estudio de las masas de agua».
En este último apartado, la CHS hace una advertencia y señala que «para los vertidos de dominio público hidráulico se requerirá autorización previa de esta Confederación». El concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, explicó que «a partir de este informe favorable, tanto los servicios jurídicos del Ayuntamiento como los de la Comunidad Autónoma, están realizando un informe jurídico para cumplir la sentencia del Supremo e indicar qué tramites hay que hacer a partir de este momento». Toda la tramitación tendrá que ser llevada a pleno y también deberá contar con el visto bueno de la Comunidad.
Navarro Corchón insistió en que esa deficiencia puesta sobre la mesa por el Supremo «era más una cuestión formal que de otra naturaleza, ya que las casas existen». Añadió que la oposición municipal ya conoce el contenido del informe de la CHS y están de acuerdo en la regularización que se llevará a cabo. «Parece lógico. La intención de todos es la de apoyar a los vecinos que viven en esta urbanización», recalcó.
