El PSOE denuncia el "tiro de gracia" al Consejo de la Transparencia

El Grupo Parlamentario Socialista denunció ayer que el PP y Vox van a darle el «tiro de gracia» al Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM), una vez que la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea terminó este jueves los trabajos de la iniciativa legislativa para la modificación de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad, que ahora tendrá que ir a Pleno para recibir el visto bueno y comenzar así su tramitación.

Como adelantó La Opinión, la reforma de la norma elimina el CTRM y lo sustituye por un único Comisionado Especial de la Transparencia, acabando así con el mandato de los trece miembros que actualmente forman el órgano consultivo. En una segunda fase de este proceso, se elaborará la Ley del Defensor del Pueblo (figura que no existe en la Región de Murcia y sí en otras comunidades), de tal manera que se permita al nuevo responsable de la Transparencia asumir también estas competencias.

Será la Asamblea la que encargada de nombrar a este comisionado, que estará asistido por una comisión que contará, al menos, con un miembro del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) y otro de los Servicios Jurídicos de la Comunidad.

«PP y Vox pretenden cargarse el Consejo de la Transparencia para intentar que la ciudadanía no tenga acceso a la información, ya que cuanto menos informada esté la gente, más fácil es engañarle», consideró ayer el portavoz de los socialistas en la Asamblea, José Vélez, tras salir de la comisión y señalar que «el PP lleva muchos años intentando acabar con el Consejo. Lo han dejado sin recursos económicos, sin personal, sin sede electrónica. Lo han ido asfixiando poco a poco. Ahora, con esta maniobra, pretenden darle un tiro de gracia».

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Vélez afirmó que el nuevo «chiringuito», en referencia al comisionado, estará formado por «una persona que podrá colocar a dedo a asesores y personal, y todos ellos estarán a sueldo de los mismos que les ponen». En este sentido, subrayó que «hasta ahora, los miembros del CTRM no recibían contraprestación económica».

El Partido Popular no tardó en reaccionar y su portavoz parlamentario, Joaquín Segado, puso de relieve que «el PSOE no ha hecho ni una sola propuesta en las siete reuniones celebradas por la ponencia para modificar la Ley de Transparencia de la Región de Murcia». Es más, aseguró que «las únicas propuestas han venido del PP y Vox, mientras el PSOE se ha limitado a oponerse por sistema».

Segado señaló que la Ley de Transparencia, vigente desde 2014, «tiene aspectos que son susceptibles de mejora» y aclaró que la modificación registrada en la Cámara autonómica «consiste en sustituir el Consejo por un Comisionado de la Transparencia elegido, no por el Gobierno regional, sino por una «mayoría cualificada» de la Asamblea. «Una persona, por tanto, que será designada por el órgano en que reside la representación de la soberanía popular de la Región de Murcia con una mayoría reforzada», remarcó.

El portavoz parlamentario explicó, además, que con esta reforma legal «se crea un órgano mucho más técnico, que es la Comisión de Transparencia, compuesta por letrados de prestigio, tanto del Consejo Jurídico como de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma».

Respecto a la figura del Defensor del Pueblo de la Región, el portavoz del PP recordó que dentro del acuerdo de gobernabilidad de los populares con Vox adquirieron el compromiso de crear un Alto Comisionado de la Transparencia, que, a su vez, asuma las funciones de Defensor del Pueblo. «Es lo que vamos a hacer», sentenció.

«Queremos que la persona que se encarga de velar por la transparencia de la administración de la Comunidad sea también la misma a la que los ciudadanos puedan recurrir cuando consideren que alguno de sus derechos no se está respetando», concluyó.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, celebró la «fumata blanca» de la modificación de la ley porque el CTRM, con trece personas, se había convertido en un órgano «muy grande que apenas está siendo efectivo en sus resoluciones porque no sacan nada en claro cuando se reúnen».

Opinó que un único comisionado es suficiente para velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia y puso como ejemplo el caso de Castilla y León, «comunidad en la que mejor funciona». Allí también hay un comisionado que asume las funciones de Defensor del Pueblo.

Por otro lado, subrayó que la Comunidad podrá ahorrarse recursos con la nueva modalidad. «Con un persona, el gasto se reducirá en más del 75%», adelantó.