Los ayuntamientos de la Región suspenden en agilidad y transparencia a la hora de responder a las solicitudes de información de los ciudadanos, según el Barómetro que ayer presentó el Pacto por la Transparencia de la Región. En la investigación, que ha sido realizada por el Colegio de Politólogos y Sociólogos, los consistorios murcianos no superan el 4,5 (sobre una puntuación máxima de 10) en capacidad de respuesta, aunque hay algunos alcaldes que se ocupan de contestar personalmente y se toman tan pecho la tarea, que uno incluso informa al solicitante de la fecha de sus vacaciones para no dejarlo plantado. En la investigación se han incluido también a los partidos, los sindicatos UGT y CC OO y la patronal CROEM, además de la Comunidad y la Asamblea Regional. En total, 55 instituciones, de las que aprueban 26, con una media de 6,1. El resto suspenden, mientras que nueve ayuntamientos ni siquiera contestaron.
A los consistorios se les preguntaba cuáles eran los trámites necesarios para empadronarse en el municipio, mientras que a la Comunidad se le pedía una página web en la que pudiera consultarse la normativa sobre las incompatibilidades de los altos cargos de la Administración regional.
A las demás organizaciones se les pedía igualmente una dirección de Internet en la que sea posible consultar sus estatutos. La primera en responder fue CC OO, que sólo necesitó trece minutos para enviar la información solicitado. En segundo lugar aparece el ayuntamiento de Murcia, que tardó 22 minutos; seguido de Yecla, con 24; y San Pedro del Pinatar, con 27. La Comunidad contestó en 51 minutos, mientras que UPyD fue el primer partido en responder, a las tres horas y 40 minutos.
La principal conclusión de los investigadores es que los ayuntamientos no están preparados para responder a la entrada en vigor en de la Ley de la Transparencia, a pesar de que casi todos tienen un concejal responsable de Participación Ciudadana, según apuntó José Molina, integrante del Pacto por la Transparencia, que fue consejero de Hacienda y ha escrito varios libros sobre experiencias en Administración participativa. La notaria Pilar Barrés, por su parte, apostó por «concienciar a los ciudadanos».
El decano del Colegio de Polítólogos, Javier Sierra, que ha realizado la investigación, junto con José Luis Ros, explicó que las preguntas se hacían con el nombre de un ciudadano anónimo. A la primera solicitud respondieron 26 instituciones. Tras una segunda petición, un mes después, contestaron otras 19. En total, ha respondido el 81,8% de las instituciones consultadas, mientras que un 18,2% ha ignorado la consulta. Se trata de nueve ayuntamientos y de Podemos. En Moratalla y Ulea han contestado los alcaldes personalmente.
El método utilizado por los investigadores para poner a prueba la capacidad de respuesta de los ayuntamientos, Comunidad, Asamblea y organizaciones sociales y políticas ha sido el envío de una pregunta por correo electrónico. Este primer paso ya resultó complicado, dado que solo 14 tienen una dirección accesible.