Los colegios e institutos públicos cerrarán mañana a partir de las doce del mediodía para que los profesores tengan dos horas libres para ejercer el voto en las elecciones sindicales. Aquellos centros educativos con horario de tarde abrirán dos horas más tarde. La consejería de Educación, que había dictado una orden hace semanas para evitar este cierre que se produce tradicionalmente cada cuatro años cuando hay elecciones sindicales, tomó la decisión ayer después de que el Tribunal Superior de Justicia admitiera a trámite la demanda presentada por Anpe y anulara cautelarmente la regulación de la Consejería. Estaba prevista una vista en el TSJ para hoy, en la que se tomaría una decisión definitiva. Sin embargo, la premura de las fechas ha hecho que Educación se adelante a la decisión del TSJ. En caso de que la sala hubiera dado la razón definitiva a ANPE, Educación considera que no hubiera habido tiempo para avisar a todos los centros y a todas las familias para que pudieran organizarse.

El sindicato ANPE estaba muy satisfecho por la decisión, ya que consideraba el sindicato que con el cambio de normativa aprobado por Educación se vulneraba el derecho a voto de los docentes, ya que muchos tienen que trasladarse de centro, e incluso de municipio, para poder ir a la mesa electoral. No estaban tan contentos los padres, que de pronto han visto cómo tienen que reorganizar sus agendas y movilizar a familiares para poder recoger a los niños dos horas antes. José Antonio Abellán, presidente de Confapa y una de las organizaciones que reclamó a la Consejería que no se cortaran las clases, manifestaba ayer esta Redacción su malestar por la decisión de Educación a última hora. «Si el juez al final lo hubiera prohibido, pues habría que acatar la decisión, pero de esta manera la Consejería ha cedido a las presiones», sostiene Abellán.

Confapa considera «que los profesores tienen que mantener su derecho al voto, pero si realmente tienen interés podían hacerlo tal y como había establecido la Consejería. Por su parte, la consejería de Educación afirmaba ayer en un comunicado que lamenta «el perjuicio que esta disminución de la jornada lectiva puede ocasionar a las familias y los alumnos, y que viene motivada por una reclamación sindical, cuando todo el dispositivo para asegurar el derecho al voto de los docentes y el derecho de los alumnos a recibir clase estaba perfectamente coordinado con los equipos directivos de los colegios e institutos».

El director general de Planificación Educativa y Recursos Humanos, Enrique Ujaldón, aseguraba ayer que «hemos tomado esta decisión para que las miles de familias y alumnos que se ven perjudicados, puedan organizarse ante este cambio». Para Ujaldón, el hecho de que el juez no se pronunciara hasta hoy «provoca que, independientemente del sentido de la resolución judicial, sea materialmente imposible que los colegios e institutos puedan informar a sus comunidades educativas y éstas se puedan organizar», argumentó Ujaldón.

Otro de los hechos que justificaba la decisión es que el calendario de las elecciones propuesto por los sindicatos establecía que como en el municipio de La Unión el jueves es día no lectivo, las elecciones deben celebrarse el miércoles, es decir, allí los colegios abrirían antes de la decisión judicial. El director general insiste en que en su regulación «se establecían permisos de dos horas para los maestros y profesores que tuviesen que desplazarse de localidad para votar; de una hora para los que tuviesen que votar en la misma localidad; y el tiempo necesario para ejercer su derecho al voto para los que cuentan con mesa electoral en su propio centro».