El consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, se comprometió ayer con el Sindicato Independiente de Interinos (SIDI) a abonar en la nómina de enero la cantidad correspondiente por atrasos de suplementos de antigüedad -trienios y sexenios- a aquellos docentes interinos que en su momento decidieron demandar este derecho ante los tribunales. El SIDI hizo público ayer este compromiso que llega tras conseguir una sentencia favorable en la Sala de lo Contencioso en el 2012 y ganar tras el recurso de la Consejería en el TSJ de la Región el pasado mes de julio. Por el momento, solo cobrarán quienes denunciaron a la Administración, pero Educación también se ha comprometido a estudiar con todos los sindicatos la vía para poder pagar antigüedad a quienes no han ido a los tribunales. La primera de las reuniones para ver cuál sería la fórmula se producirá el próximo lunes.

Un acuerdo complicado

Fuentes de la consejería de Educación afirmaron ayer que todavía no hay una estimación de cuántos podrían ser los profesores beneficiados por esta decisión ni a cuánto alcanzaría el desembolso económico. Sin embargo, desde el sindicato calculan que serán algo más de dos mil los docentes que han generado derecho y en torno a seis millones de euros la cantidad que tendrá que pagar la Administración. Lo elevado de la cuantía hace prever que será complicado llegar a un acuerdo.

Los profesores que demandaron con el SIDI tienen derecho a cobrar los trienios generados entre 2005 y 2007, así como los sexenios entre 2005 y la fecha actual. La legislación reconoce el derecho a trienios de los trabajadores interinos de la Administración desde 2007, pero los tribunales han concedido más años a los demandantes. Por lo que respecta a los sexenios, hasta ahora no estaban reconocidos.

Para los interinos que no demandaron con el SIDI, la buena noticia es que, si se llega a un acuerdo, podrán cobrar su antigüedad desde el momento en que se llegue a dicho acuerdo a cuatro años antes; es decir, en torno a 2010 si se firmara ahora el acuerdo; ya que la legislación no permite retrotraer más tiempo las cuestiones relacionadas con el cobro de atrasos de la Administración. La cantidad que supondrá para cada afectado es imposible de estimar hoy por hoy, pero el SIDI apunta que de los que denunciaron con el sindicato hay quien deberá ingresar más de 10.000 euros, aunque se trata de casos muy excepcionales.