El Gobierno regional no se plantea subir el céntimo sanitario, que empezó a aplicarse en Murcia en 2011, según declaró el consejero de Economía y Hacienda Salvador Marín. La Comunidad Autónoma estableció este recargo sobre el consumo de carburantes destinado a financiar la sanidad forzada por la necesidad de incrementar los ingresos para enjugar el déficit, que finalmente ha acabado en torno al 3%. También Andalucía y Extremadura empezaron a aplicar en 2011 el céntimo sanitario, que grava el precio en 0,024 euros por litro de gasolina y en 0,012 euros por litro de gasóleo. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo estudia ahora la legalidad de este recargo, a raíz de los recursos presentados por las empresas del transporte en disintas comunidades autónomas, que han sido aceptados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y también por el de Galicia, según informó ayer Fenadismer en un comunicado.
Aunque no es previsible que el Tribunal de Luxemburgo se pronuncie sobre la legalidad del céntimo sanitario antes de dos años, según las previsiones de la patronal del transporte que ha llevado el recargo sobre los hidrocarburos a los tribunales, después de agotar la vía administrativa, la organización empresarial ha avanzado que una sentencia en contra obligaría a suprimirlo e incluso a devolver las cantidades reclamadas por los usuarios.
Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda considera que el gravamen «es totalmente legal». En Murcia, el recargo sobre la gasolina y el gasóleo se aplica en 2012 por segundo año. Marín ha asegurado que no piensa subirlo, mientras que Froet pide que se devuelva su importe a los trasnportistas.
El céntimo sanitario (Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos) se articuló en 2002 y se cedió a las comunidades autónomas. Andalucía, Murcia, Extremadura, Cataluña, Madrid, Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Galicia y Castilla y León (desde este año) son las comunidades que aplican esta tasa, sobre la que Bruselas ya ha mostrado en varias ocasiones sus reticencias y ha considerado que vulnera la normativa europea.
Sin embargo, la Administración española estima que la decisión no es de obligado acatamiento. El recargo nació por decisión del Gobierno de José María Aznar. Tiene un tramo de recaudación estatal y otro autonómico, cuya aplicación quedó a la libre decisión de cada comunidad. Fenadismer recordó que la Comisión Europea, mediante un dictamen motivado, instó en 2008 al Gobierno español a que modificara la legislación.
